El presente artículo indaga sobre el papel que el Derecho penal desempeña en el contexto de la actual política migratoria, centrándose para ello en el análisis del tipo básico del artículo 318 bis del Código Penal. Este precepto no sólo suscita importantes cuestiones interpretativas —la determinación del bien jurídico, el concepto de tráfico ilegal e inmigración clandestina, etc.—, sino que también plantea serias dudas de legitimidad, tanto por el objeto de tutela como por la concreta técnica legislativa empleada. La autora aborda estas cuestiones desde una triple perspectiva: dogmática, político-criminal y constitucional.
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