Revista de Derecho, Vol. XV, diciembre 2003, p. 242-244

RECENCIONES

Luis Cordero Vega: El Procedimiento administrativo. Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2003 (228 pp.).

El texto que aquí comento, constituye un trabajo interesante del profesor Cordero Vega, ya que en un lenguaje sencillo y directo comenta, sistemáticamente, la recientemente dictada Ley Nº 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo (en adelante LBPA), explicando pedagógicamente los principios sobre los que se estructura, así como las principales características y normas de éste. Así, partiendo de un dato relevante en nuestro actual derecho administrativo –la promulgación de una ley general que regula los cauces formales de la actuación administrativa –, el profesor Cordero analiza brevemente esta institución (el procedimiento administrativo) de larga tradición en el derecho comparado, especialmente europeo y norteamericano, y cuya ausencia generaba no pocos problemas en nuestra práctica administrativa y jurisprudencial.

En este contexto, la obra del Profesor Cordero Vega se estructura en diez capítulos y tres anexos, dos de estos últimos concebidos como mero material legislativo de consulta en la materia. A lo largo de ellos el autor va construyendo paso a paso los conceptos básicos del procedimiento administrativo, avanzando desde cuestiones introductorias de contextualización de esta iniciativa legal en nuestro medio, a descripción de doctrinas y modelos que justifican esta institución en los ordenamientos jurídicos públicos, deteniéndose con especial atención en la descripción de la diversidad funcional de ésta a la luz de la más moderna doctrina. Estos cuatro primeros capítulos generales antes descritos constituyen un aporte interesante –aunque relativamente insuficiente– a la temática en estudio y permite, precisamente, entender en parte las explicaciones normativas que más adelante se abordan. Sin embargo, leídos los capítulos siguientes del texto, se aprecia una cierta falta de conexión entre los principios y modelos fundantes tan claramente descritos, con las explicaciones detalladas de la normativa chilena, generándose una cierta disociación conceptual que el texto no termina de armonizar.

Los capítulos V, VI y VII de la obra entran ya a analizar los aspectos generales de la nueva LBPA, describiendo algunos conceptos básicos incorporados por ésta, los principios en que se inspira este procedimiento y los derechos de las personas en este ámbito. De este modo, se revisa la regulación normativa dispuesta en la LBPA, siguiendo el autor un criterio en ocasiones extremadamente exegético, que privilegiando la explicación ordenada de las materias expuestas, sacrifica, en ocasiones, una explicación más sistemática y de conjunto de las instituciones y normas en juego. Así, en materia de principios del procedimiento administrativo, el análisis del autor es, a mi juicio, excesivamente formal, no planteando un juego más dinámico entre principios relacionados –como los principios conclusivo, congruencia e inexcusabilidad o los principios de imparcialidad, abstención y contradictoriedad, por nombrar algunos– o entre éstos y los derechos que trata en el capítulo siguiente y, aún más, las normas sustantivas de desarrollo. También en estos capítulos se hecha en falta un análisis más crítico de la nueva ley, especialmente en cuanto incorpora principios que, por su naturaleza, han generado no pocas dificultades interpretativas en el derecho comparado –en particular, el principio de imparcialidad – y cuya simple y directa conexión con el Art.19 Nº 3 de nuestra Carta Fundamental –como podría ser la tendencia general– puede traer más de un problema práctico.

A continuación en el capítulo VIII de la obra se abordan las etapas del procedimiento administrativo, explicando las reglas comunes a las mismas, como las fases de iniciación, instrucción y terminación. En este capítulo el autor hace un notable esfuerzo por describir sintéticamente cada uno de los trámites y medidas que contempla esta Ley, destacándose el análisis que realiza a propósito de las medidas provisionales –debió en este punto quizás utilizar la voz cautelar–, materia poco estudiada y elaborada en nuestra doctrina procesal en general, pero que ha despertado un renovado interés con la dictación del nuevo Código Procesal Penal. No obstante, habría sido especialmente interesante en este punto que el autor hubiese avanzado algunas reflexiones más específicas, trayendo quizás a colación algunas soluciones y experiencias del derecho comparado que nos dieran algunas luces acerca del probable contenido que tendrán estas medidas, y de cómo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad han determinado la entidad y duración de las mismas. En este mismo contexto, también el autor es extremadamente parco en el análisis del trámite de la información pública, institución de casi nula tradición en nuestro derecho –salvo algunos procedimientos especiales relacionados con el urbanismo o el medio ambiente–, pero que, sin duda, podría llegar a constituirse en un mecanismo eficaz de participación ciudadana en la gestión de los intereses públicos.

Posteriormente en el capítulo IX de la obra se dedica a analizar el denominado “silencio administrativo”, institución tradicional del derecho administrativo y que, de acuerdo a los antecedentes legislativos que se conocen, fue motivación principal de la Ley Nº 19.880. Así, en este capítulo el autor realiza un análisis crítico de esta institución creada para combatir los efectos perniciosos derivados de la inactividad formal de la Administración, revisando para ello las principales concepciones doctrinales en esta materia, los antecedentes y las objeciones que se hacen a la misma, poniendo especial interés en los problemas que presenta para su operatividad.

Por último, en el capítulo final de la obra se describen detalladamente los recursos administrativos dispuestos por la LBMA. Así, a partir del estudio de los conceptos, fundamentos y tipos de los recursos administrativos creados por esta nueva ley, el autor va extrayendo las principales características, elementos y efectos de éstos, dando cuenta del impacto que tendrá esta ley en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. Quizás en este punto también se habría agradecido una visión más amplia del tema, extendiendo el análisis a materias estrechamente vinculadas a aquella, como serían la invalidación, la revocación –materias ambas que están tratadas en la LBMA, pero que el autor no trata (como el mismo explica por lo demás en sus palabras introductorias)– o aún los procedimientos jurisdiccionales generales de control previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Ello habría permitido tener una visión más global del sistema de control de la actividad administrativa en nuestro derecho, además de posibilitar el planteamiento de algunos problemas derivados de la restricción procesal dispuesta para su admisibilidad (Art. 54 LBPA). En fin, como se puede observar, el trabajo del profesor Cordero Vega es bastante amplio y completo. Su principal virtud es cumplir rigurosa y honestamente con el propósito inicial declarado por el propio autor en el prólogo del texto, servir como documento de reflexión inicial en esta materia, junto con explicar ordenadamente la nueva Ley procedimental comentada. Creo que ambos objetivos el profesor Cordero los cumple plenamente y con reconocida solvencia. Así, el autor debiera sentirse satisfecho por la obra entregada a los operadores jurídicos y administrativos, y éstos debieran sentirse llamados a su lectura, más aún considerando la verdadera revolución jurídico-administrativa a que pueda dar lugar la aplicación correcta de esta nueva normativa.

Juan Carlos Ferrada Bórquez