José Antonio Segrelles
Departamento de Geografía Humana
Universidad de Alicante (España)

La primacía de la geografía académica y teórica en España se ha invertido durante las dos últimas décadas dando paso a una geografía práctica y aplicada que cada vez es más preponderante. Esta situación no sólo supone privar a la geografía de su propia esencia científica, pues teoría y práctica deberían ser indisolubles, sino que además nuestra disciplina se ve inmersa en una actividad demasiado pragmática y utilitarista, alejada de la sociedad y sirviendo a los intereses de los grupos dominantes.

La utilidad social de la geografía radica en su capacidad para resolver problemas. Para ello es necesario establecer relaciones permanentes con los usuarios de la investigación geográfica, aunque hasta ahora se han estrechado los contactos e intercambios con las empresas y la Administración pero no con otras organizaciones sociales en cuya proximidad se perciben mejor los problemas que preocupan a los ciudadanos.

Palabras clave: Geografía académica, investigación geográfica, práctica de la geografía 

The predominance of academicist and theoretical geography in Spain has been reversed over the last two decades, and has been replaced by a growing preponderance of a practical, applied view of geography. In this way, geography is not only deprived of its scientific essence -for theory and practice should be inseparable-, but is also plunged into an excessively pragmatic, utilitarian activity, away from society and serving the interests of the ruling groups.

The social role of geography lies in its power to solve problems; this requires establishing permanent relationship with the users of geographical research. However, so far there has been close contact and exchange with firms and the Government, but not with other social organizations which are better placed to perceive the real concerns of people.

Keywords: Academic Geography, geographical research, geographical practice

Una idea recurrente que anida en el subconsciente de cada geógrafo español es la falta de reconocimiento social hacia nuestra disciplina. Mi experiencia me dicta que pocas veces se reconocerá este hecho en público, aunque en privado, antes o después, casi siempre suele aflorar esta queja, bien explícitamente bien de forma velada, cuando se habla con muchos geógrafos, hecho que puede deducirse de la observación de las opiniones, prejuicios, complejos y comportamientos más frecuentes, tanto en el plano individual como en el colectivo.

Es verdad que el reciente crecimiento cuantitativo de la geografía permite un cierto optimismo, sobre todo si comparamos la situación actual con la que existía antes de la década de los años sesenta del presente siglo. Sin embargo, el incontestable aumento de profesores, departamentos, alumnos, asignaturas, tesis doctorales, revistas especializadas o proyectos de investigación subvencionados no ha bastado para desprendernos del todo de nuestros fantasmas más persistentes, pues de poco ha servido la larga tradición científica y la rica evolución gnoseológica de la geografía para evitar la penosa ignorancia que la sociedad muestra respecto a la labor propia de los geógrafos. No resulta exagerado afirmar que todavía en la actualidad muchas personas creen que la geografía se reduce a la simple enumeración de los accidentes físicos, las capitales de los países y las producciones de los mismos.

Una prueba de la obsesión de los geógrafos por conseguir el respeto social y científico es la imperiosa necesidad de justificarnos permanentemente ante la frecuente pregunta: ¿Y para qué sirve la geografía?, extremo nada habitual en otros profesionales, incluso entre los que cultivan disciplinas de implantación más reciente que la geografía, como es el caso de la economía, la sociología o la demografía. En ocasiones, esta justificación, que en realidad esconde un incomprensible complejo de inferioridad, se presenta con algunas dosis de prepotencia que en el fondo es un mecanismo de autodefensa que intenta compensar una cierta frustración científica, ya que no faltan colegas que aseguran que la geografía es la ciencia del futuro o que los economistas que practican la llamada ciencia regional siempre caminan un paso detrás de los geógrafos. Incluso los hay que se vanaglorian de los contratos conseguidos y proyectos subvencionados o por el hecho de que varias ramas geográficas hayan logrado la calificación de "ciencias semiexperimentales". La geografía aparece así como un Jano bifronte que se desorienta, y pierde efectividad, entre lo que es y lo que querría ser.

Evidentemente, esto no son más que minucias que nos distraen del verdadero y más importante problema que enfrenta la geografía española actual, es decir, su todavía escasa proyección social, que no se corresponde con el crecimiento cuantitativo de la vertiente académica de la disciplina durante las últimas décadas. Como señala A. Luis (1980), la relevancia de una ciencia no está dada por lo que piensen de ella los científicos que la cultivan, sino por lo que opinen la sociedad y los miembros de las demás disciplinas. Por lo tanto, el orgullo, la autocomplacencia y el optimismo desmedidos conducen a un peligroso alejamiento de la raíz de la cuestión, no sólo por lo que atañe a la clara consciencia de las dificultades básicas de la geografía, sino también por lo que respecta a las medidas necesarias para solucionarlas.

Varios geógrafos españoles (Capel, 1976; Estébanez, 1982; Troitiño, 1984; García Ramón, Nogué y Albet, 1992; De Castro, 1993), haciendo un positivo alarde de autocrítica, llevan ya algunos años denunciando los principales males que afectan a la geografía en nuestro país, aunque también es cierto que muchos de ellos lo han hecho de una forma tan sutil y moderada que apenas han influido en la conciencia del colectivo geográfico nacional, que ha asumido como una fatalidad del destino, y sin reaccionar, una serie de lugares comunes acerca de los problemas que restan influencia social a la geografía española: deficiente formación matemática, tardía introducción de los postulados teorético-cuantitativos, ausencia de pensamiento abstracto, escasa formación en teoría social y teoría económica en la investigación y en la docencia, excesiva influencia de la escuela regional francesa, aversión del franquismo hacia los geógrafos planificadores de izquierda y hacia otros profesionales de idéntico signo ideológico, desmesurado peso específico de la geografía docente o reciente aparición de los estudios geográficos especializados.

Aunque coincido plenamente con estas apreciaciones, siempre he echado en falta un análisis más profundo, contundente y comprometido sobre la injustificable desconexión que existe entre la sociedad y la geografía, sobre todo en la medida en que en la actualidad esta última suele desarrollarse casi en exclusiva en el seno de la Universidad. Hoy en día, muchos geógrafos adoptan una actitud complaciente ante el mencionado crecimiento cuantitativo de la disciplina, así como ante el aumento de su profesionalización y el inusitado dinamismo de la geografía aplicada. Para ellos, la necesaria inserción de la geografía en el tejido social debe llegar necesariamente de la mano de ambas realidades, sin pararse a pensar qué es en realidad la sociedad, a quiénes beneficia la aplicación de los resultados obtenidos, cuál es el verdadero alcance de sus investigaciones o quiénes utilizan las mismas> 

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Geografía teórica o geografía aplicada

Resulta lógico que la geografía, en la medida en que se trata de una ciencia, centre sus esfuerzos en el saber por el saber, es decir, que persiga unos objetivos teóricos o de base. Por otro lado, no es menos cierto que la escasa participación de nuestra disciplina en la planificación territorial le ha restado proyección social y reconocimiento frente a otras ciencias sociales. La veracidad de ambos asertos no implica que la toma de una postura concreta sea tarea fácil, pues la adhesión rotunda a una geografía teórica no puede ocultar la modesta formación práctica (sobre todo de tipo matemático) que los estudiantes han recibido y están recibiendo en la Universidad española. Del mismo modo, la excesiva ponderación de la geografía aplicada no debe considerarse el remedio absoluto para los problemas que soporta la geografía, a saber, falta de consideración social, escaso reconocimiento científico, invasión de sus campos de estudio tradicionales por parte de otras ciencias, predominio de una geografía académica bastante conservadora y aséptica, escasas perspectivas laborales para los jóvenes licenciados, entre otros. Estos rasgos llegan a constituir un agobiante círculo vicioso respecto al menguado papel social que representa nuestra ciencia.

La dialéctica entre la geografía teórica y la geografía aplicada es muy antigua y ha suscitado diversas polémicas en la comunidad geográfica internacional. Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX encontramos tanto defensores acérrimos de los objetivos puros (v.gr. Bernhard, Rühl, Stamp o Colby) o de los objetivos prácticos (v.gr. Du Plessis de Grenédan, Baker, Bowman o Philipponneau) como geógrafos que han intentado conciliar, sin exclusiones, ambos propósitos (Götz, Barrow, Krymowski, Finch, Ackerman, McCarty o Lindberg), tal como recoge H.F. Gregor en la introducción de su libro Geografía de la Agricultura (1973).

A este respecto, J. Estébanez (1986) recuerda que el geógrafo P. George es muy responsable de la tardía introducción y escaso arraigo de los postulados neopositivistas en la geografía francesa debido a su conocida condena de la geografía aplicada y a su rechazo de las aportaciones científicas provenientes de Estados Unidos. Esto dificultó indudablemente el desarrollo de la profesión de geógrafo y el progreso de los aspectos prácticos de la geografía. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el principal temor de P. George (1967), originado por la aplicación práctica del saber geográfico, se refiere ante todo al peligro de perder la independencia y objetividad de nuestra disciplina, aunque desde el momento en que este autor matiza su postura y acepta que el geógrafo participe en un objetivo concreto que no sea el saber por el saber, y afirma que se trata del único profesional capaz de integrar las investigaciones de diferentes especialistas, es lógico pensar entonces que su preocupación no reside tanto en preservar la pureza geográfica como en evitar que la geografía aplicada esté al servicio del control militar, político y económico del territorio.

En una línea semejante se encuentra el pensamiento de Y. Lacoste (1976), puesto que critica la geografía académica por ineficaz, despolitizada, poco comprometida, carente de utilidad práctica y ocultadora inconsciente de la verdadera realidad en tanto que saber económico, militar y político de primera magnitud, pero también el mercado en el que se ha convertido la investigación aplicada, donde los geógrafos intentan situarse y hacerse ver de la mejor manera posible por aquellos que otorgan los fondos económicos. Es evidente que su censura no va dirigida a la geografía aplicada en sí misma, pues es indispensable que la geografía tenga utilidad práctica, que sus investigaciones beneficien al conjunto de la sociedad y, lo que es más importante, que los objetos de estudio puedan acceder a los resultados obtenidos, sino que la crítica más bien se orienta hacia la falta de libertad y dependencia que soportan los geógrafos que cultivan una geografía aplicada respecto a las instituciones, individuos o grupos, privados y públicos, que encargan los proyectos mediante contratos.

Tanto la geografía práctica como la teórica deben tener siempre presente para qué sirven y al servicio de qué o de quién están. Ahí reside la verdadera esencia del problema y no en elegir de forma excluyente entre un tipo de geografía u otro, ya que ambos objetivos son perfectamente compatibles, como ocurre en otras ciencias sociales, siempre y cuando se investigue con rigor, independencia y compromiso.

 
La aplicación práctica de la geografía: excesos, carencias y defectos
 

Se puede decir que la geografía española se ha caracterizado de manera tradicional por un nítido desequilibrio entre teoría y práctica, o lo que es lo mismo, los caminos seguidos por la geografía académica y por la geografía profesional han sido bastante divergentes. Con anterioridad a la Guerra Civil (1936-1939), la geografía española no estaba demasiado desarrollada, aunque existía un núcleo significativo de geógrafos (G. de Reparaz, P. Vila, L. Martín, J. Vicens) que cultivaron los aspectos prácticos de una disciplina que también se impartía en la enseñanza media y en las Escuelas de Comercio, Escuelas de Magisterio y Facultades Universitarias. Tras la victoria del general Franco, que llevó al exilio a muchos de estos geógrafos y a otros científicos e intelectuales, el nuevo régimen reforzó la enseñanza geográfica en los niveles primario y secundario, aceleró el proceso de institucionalización universitaria de la disciplina y fomentó sus aspectos docentes. A lo largo de la dictadura franquista se consolida en la geografía española un espectacular crecimiento cuantitativo que se centra fundamentalmente en su vertiente académica (profesores, departamentos, alumnos, asignaturas, revistas).

En definitiva, la geografía, y también la historia, se convierten en unas eficaces herramientas ideológicas para difundir entre los ciudadanos un sentimiento de unidad nacional, tal como se hizo en Europa a finales del siglo XIX por parte de las clases dominantes. Huelga insistir en el papel patriótico y político que se otorgó con posterioridad a la enseñanza de la geografía y la historia no sólo en la Alemania nacionalsocialista o la Italia fascista, sino también en las llamadas democracias burguesas occidentales como Francia o el Reino Unido, países con un significativo pasado colonial que se prolongará hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y en ocasiones hasta más tarde.

Pese al intenso apoyo que el régimen de Franco prestó a la geografía académica y el férreo control ejercido por los geógrafos afines en la Universidad, no se puede olvidar que durante las décadas siguientes, con la entrada del Opus Dei en las estructuras del poder, se potenció también la geografía aplicada, pues numerosos geógrafos del círculo de discípulos de J.M. Casas Torres llevaron a cabo tareas de planificación con motivo de los famosos Planes de Desarrollo (Capel, 1976). La situación política del momento y la ideología predominante en estos investigadores desembocan en el cultivo de una Geografía clasista cuya supuesta aplicación práctica estaba al servicio del capital con el objeto último de contribuir a la reproducción del statu quo.

A este respecto, en ciertas cuestiones resulta curioso que a las puertas del siglo XXI las cosas no hayan cambiado demasiado, entre algunos colectivos de geógrafos españoles, desde que H. Capel (1976) dejara constancia de las frecuentes llamadas de atención por parte de los maestros de la geografía española (v.gr. J.M. Casas Torres) ante el peligro que suponía la incorporación de nuevos conceptos y métodos. Lo que era frustrante en los años setenta, hoy surge como algo caricaturesco, ya que todavía existen geógrafos, algunos muy jóvenes, que se vanaglorian de la impermeabilidad que ha mostrado siempre la Geografía española para las ideas, métodos y fundamentos procedentes del extranjero y lo ajena que ha estado nuestra disciplina a los avances epistemológicos (Olcina, 1996), sin pararse a pensar en el lastre que esta postura autocomplaciente, orgullosa y pasiva representa para el desarrollo geográfico. Es decir, aquello que dificultó una formación adecuada para que los geógrafos pudieran intervenir en la planificación y ordenación del territorio sigue vivo aún en determinados círculos geográficos que se encuentran completamente aislados de las tendencias más recientes de la geografía y el pensamiento científico internacionales. Por eso, en un mundo cada vez más global y competitivo, el geógrafo tiene la obligación de estar abierto al debate permanente y a cualquier tipo de aportación, fundamentalmente en el plano teórico, que pueda enriquecer su labor, pero siempre con un sentido crítico que favorezca la comprensión de nuestras propias realidades (Capel, 1998).

En cualquier caso, diversos geógrafos con ideología y trayectorias dispares (Capel, 1976; Estébanez, 1982; Gómez Mendoza, Muñoz y Ortega, 1982; Vilá, 1990; García Ramón, Nogué y Albet, 1992; De Castro, 1993; Benabent y Mateu, 1996) han abordado la situación y evolución de las geografías académica y aplicada en las décadas anteriores a la Guerra Civil y durante la dictadura franquista. Muchos de los argumentos utilizados son compartidos, más o menos explícitamente, por la mayoría de ellos, ya que se trata de hechos objetivos y contrastados cuya veracidad resulta difícil de cuestionar, sobre todo si tenemos en cuenta que el paso del tiempo contribuye a enfocar los temas problemáticos con mayor libertad y desapasionamiento. Quizá la situación sería otra si los hechos fueran más recientes o tuvieran vigor en la actualidad. No porque se llegara a un estado de polémica científica, cosa poco habitual en un colectivo en el que suele primar el consenso, o lo que algunos llaman con escasa fortuna la "buena educación", sino porque la misma realidad se trataría con mayor prudencia para evitar debates "innecesarios y farragosos", ser etiquetados como conflictivos o molestar a quienes no se debe.

El final de la década de los años setenta supone la culminación, y en ocasiones regresión, del proceso de institucionalización universitaria de la geografía, hecho que coincide con la progresiva importancia que empieza a adquirir su práctica profesional. El neto predominio de la vertiente geográfica más académica durante la etapa franquista es ahora sustituido en gran medida por el auge que en poco tiempo cobra la geografía aplicada, lo que puede suponer a medio y largo plazo, dadas las condiciones en las que se desarrolla, un nuevo lastre para el avance de la disciplina, arraigo científico y aportación social.

Como esta eclosión de la geografía aplicada interesa a etapas más recientes de la historia española y continúa en la actualidad su crecimiento, los escasos autores que han abordado el tema de forma más o menos prolija (Oliva, 1984; Troitiño, 1984; López Palomeque, et al, 1986; Cabo, et al, 1992; García Ramón, Nogué y Albet, 1992) se muestran en general menos críticos y más superficiales de lo que es habitual cuando se analiza la situación geográfica de épocas pasadas. La mayoría de las aportaciones se limitan a exponer las causas del reciente desarrollo de la geografía aplicada y a evidenciar el crecimiento de las prácticas profesionales sin ir mucho más allá. Sería injusto por mi parte no reconocer la existencia de críticas, planteamiento de problemas y propuestas de mejora (v.gr. escasa formación teórica, pobre dominio de los recursos instrumentales, competencia y presión de otros colectivos profesionales más poderosos y privilegiados, desconfianza a veces por parte de los políticos, anquilosamiento de los departamentos universitarios, poca coordinación entre asignaturas prácticas y teóricas, dispersión investigadora, necesidad de redefinir los nuevos planes de estudios), pero lo cierto es que no se perciben críticas fundamentales que apunten a la esencia de la cuestión, a la propia filosofía del fenómeno geográfico aplicado, a las razones profundas que desencadenan la auténtica exaltación práctica que vive la geografía española desde hace varios años. Y sobre todo, se echa en falta un cultivo permanente de la autocrítica que sea capaz de dilucidar las verdaderas consecuencias sociales de este hecho, pues la necesaria aproximación entre la ciencia y la sociedad, que suele servir de argumento justificador a los que defienden sin ambages este tipo de geografía, se está desvirtuando por completo y opera en sentido contrario al pretendido y publicitado, como veremos más adelante.

De momento baste señalar que M.D. García Ramón, J. Nogué y A. Albet (1992) sostienen que la expansión de la práctica profesional de la geografía se debe, entre otros motivos, al elevado número de jóvenes licenciados que pugnan por insertarse en el mercado de trabajo, al ingreso de España en las Comunidades Europeas (1986), con la consecuente obligatoriedad de llevar a cabo una homologación legislativa en materia ambiental, urbanística o de desarrollo regional, y a la promulgación de la Constitución de 1978, que instaura el denominado Estado de las Autonomías. Todo ello, lógicamente, abre nuevos campos de acción, tanto para los geógrafos profesionales como para los geógrafos universitarios, que desean participar de forma activa en este filón aún sin explotar.

A mi juicio, las cosas son más sutiles y distintas de lo que parecen a simple vista, pues el intento de asociar mentalmente el desarrollo de la geografía aplicada con la idea de libertad, descentralización político-administrativa y democracia es demasiado tentador. Pero resulta en esencia un pensamiento "correcto" y quizá sea lo que toda persona cabal y de su tiempo desea escuchar. Sin embargo, me atrevería a afirmar que las limitaciones de la geografía aplicada durante la dictadura y su expansión a partir de mediados de la década de los años ochenta constituyen dos caras de una misma moneda, es decir, ha cambiado la forma y el exterior, mientras que el fondo y el meollo siguen siendo idénticos. La única diferencia es que antes había menos geógrafos y con peor formación, pues no debemos olvidar la hipoteca que contrajo la aplicación práctica de la geografía al no haber tenido lugar en España esa revolución cuantitativa que proporcionó nuevos esquemas, técnicas, conceptos y métodos a los investigadores de otras latitudes (Bosque, Rodríguez y Santos, 1983).

No obstante, tanto en el pasado como en la actualidad la geografía aplicada suele servir a intereses idénticos que se asimilan a los de los dueños del capital. Quizá antes estuviera más claro a quién servía la aplicación práctica del saber geográfico, toda vez que la ideología de estos geógrafos y la existencia de un gobierno dictatorial no dejaba lugar a demasiadas dudas, pero hoy en día, bajo una apariencia de libertad y democracia, la situación no ha cambiado sensiblemente. No importa que cada vez abunden más los geógrafos profesionales, que los investigadores dispongan de mejor formación y medios instrumentales refinados o que proliferen los estudios de ordenación del territorio y de gestión de los recursos, siempre y cuando el control permanezca en las mismas manos y se oriente según las necesidades y conveniencias de los que detentan el poder económico-financiero del país, sean nacionales o extranjeros. Estas necesidades no son otras que el dominio del espacio y el mantenimiento de las desigualdades sociales y de los desequilibrios entre áreas con el fin último de acumular y reproducir el capital y perpetuar el statu quo. En este sentido resultan muy significativos los trabajos de J.E. Sánchez (1981, 1988) y de Milton Santos (1978, 1979, 1985).

El auge reciente de la geografía aplicada y su control por parte de los grupos privilegiados es un fenómeno que discurre paralelo a la propia apertura democrática que tiene lugar en España a partir de 1975 y que más tarde se reproduce en la mayoría de los países latinoamericanos. Llega un momento en que la represión dictatorial tiene más inconvenientes que ventajas para los intereses de los centros de poder nacionales y extranjeros (malestar y desobediencia civil, demandas constantes de apertura política, protestas callejeras, huelgas, riesgos revolucionarios, inestabilidad política que pone en peligro las inversiones, etc.) y lo más recomendable es una catarsis generalizada mediante la instauración de regímenes democráticos con los que se crea en la población una imagen idílica de libertad y participación ciudadana, cuando lo que se pretende es que la situación cambie en apariencia para que todo siga igual. Como puede comprobarse, los mecanismos de influencia en los comportamientos y opiniones ya no son ásperos y bravíos, sino mucho más sutiles y taimados. A este respecto es muy recomendable la lectura atenta del libro de J.E. Garcés titulado Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (1996).

Asimismo, muchos geógrafos en general, y por supuesto otros científicos, se sienten liberados y creen que ya no existen motivos por los que comprometerse desde el momento en que acaba la dictadura y la lucha antifranquista pierde su razón de ser, pues la batalla política contra Franco solía mezclarse, sin grandes disquisiciones, con ciertas acusaciones de interés geográfico, como los desmanes urbanísticos, las bolsas de pobreza y el deterioro de las condiciones de vida en las ciudades, la alienación del trabajo en las fábricas, las injusticias sociales, las desequilibradas relaciones entre el centro y la periferia, el éxodo rural o la desarmonía del territorio. Una vez ganados la libertad y los derechos civiles parece como si la postura crítica y comprometida del geógrafo no fuera necesaria o no tuviera el mismo valor.

Por si esto fuera poco, la geografía y la propia Universidad reflejan de modo fiel las tendencias socio-económicas, políticas y culturales globales y no actúan como entes aislados. La caída del muro de Berlín (1989) y el posterior desmembramiento de la Unión Soviética (1991) ha tenido como resultado inmediato el triunfo del liberalismo, la emergencia de Estados Unidos como única potencia hegemónica en el mundo y la expansión de conceptos como mercado, privatización, globalización, mundialización, concurrencia, competitividad, librecambio o desregularización, que configuran un pensamiento único con tal poder de penetración en las mentes que ahoga cualquier intento de reflexión libre y rechaza todo razonamiento que no se ajuste a la doctrina imperante. Esta concepción neoliberal del mundo, al servicio del capital internacional, impregna de su tiranía económica tanto a la ciencia como al conjunto de la sociedad. No son pocos los intelectuales y científicos adormecidos por la profusión de ideas que bloquean toda capacidad de respuesta, cuando no colaboran activamente, vendiendo su autoridad de pensamiento, para lograr el tipo de sociedad pretendido por los grupos de poder. Y todo ello bajo la profusión de afirmaciones como las siguientes: "ya no existen las clases sociales", "ya no hay izquierdas ni derechas", "se ha llegado al final de las ideologías" o "han muerto las utopías". En este sentido no hace falta insistir en el curioso fenómeno del fin de la historia según F. Fukuyama (1992).

Dicha situación propicia que la geografía española oscile en la actualidad entre dos extremos que en el fondo son la misma cosa: los enfoques descriptivos regionalistas propios de una geografía académica conservadora, aséptica, inocua y despolitizada y la inclusión en una mera actividad productiva que resuelve cuestiones a corto plazo mediante el ejercicio de una supuesta aplicación práctica de la investigación. Entre unos y otros geógrafos existen diferencias lógicas en el tipo de formación, los instrumentos empleados y los fines perseguidos, aunque la ideología subyacente los hermana de forma categórica, sobre todo si consideramos que la mayor parte de la geografía aplicada que se realiza actualmente en España procede de muchos departamentos universitarios en los que no interesan demasiado las cuestiones epistemológicas, apenas existe renovación conceptual y metodológica y donde predomina una visión clásica de la geografía y una mentalidad utilitarista. En ocasiones, estos departamentos se enmascaran detrás de nuevas estructuras académicas, como los Institutos Universitarios de Geografía, para darle a su actividad un aire más moderno, práctico y aplicado. Suelen ser los profesores más jóvenes los que en estas entidades realizan una labor aplicada que en realidad es bastante modesta, pero que en definitiva cumple su misión, es decir, el intento de los colectivos docentes de estar presentes en el nuevo y fructífero mercado pese a las tradicionales deficiencias teórico-metodológicas y al paralizante espíritu conservador heredado muchas veces de los propios catedráticos de sus departamentos. De este modo, las palabras ya citadas de Y. Lacoste (1976) cobran un vigor renovado, así como las más recientes apreciaciones de I. Sánchez (1981) y A. Nieto (1984) sobre los catedráticos de la Universidad española y el acceso al profesorado en la geografía universitaria de nuestro país.

A todo ello ha contribuido la introducción más o menos generalizada de técnicas depuradas con aplicación geográfica (v.gr. estadística, sistemas de información, cartografía automática o teledetección), aunque se debe tener presente que esta relativa modernización no es tal, sino que representa en realidad una auténtica cortina de humo que sirve para ocultar, a veces de forma inconsciente, enormes carencias teóricas y metodológicas y agudas dificultades para aprehender las relaciones profundas de tipo socio-económico y político que se producen en el espacio. A mi modo de ver, la proliferación técnica sobreimpuesta a los todavía supervivientes enfoques regionales contribuye aún más a vaciar de contenido la geografía que se cultiva de forma habitual, ya que pocos investigadores se plantean que estos medios técnicos no son un fin en sí mismos, sino unas herramientas, eficaces si se quiere, que deben estar al servicio de una posterior interpretación y explicación del espacio con el objeto final de lograr el progreso colectivo y una mayor justicia social. A este respecto todavía debemos considerar vigentes las reflexiones de E. Ackerman (1976) y de P. Gould (1987) sobre el ineludible, y a la vez prudente, uso que el geógrafo debe hacer de las matemáticas, la lógica y la informática en el análisis de los espacios. No obstante, como puede comprobarse en el libro de S. Andreski (1973), el "camuflaje" que supone en ocasiones la cuantificación, junto con otros recursos técnicos, es un fenómeno bastante extendido en todas las ciencias sociales.

Un modelo digno de mención lo encontramos en la geografía brasileña, pues los investigadores se han dedicado tradicionalmente a la planificación a través del estatal Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), pero también es cierto que desde hace dos décadas este organismo se encuentra sumido en un profunda crisis como consecuencia de la agresiva política neoliberal imperante. Tampoco podemos olvidar la estrecha vinculación de la disciplina con la dictadura militar que llevó al exilio a geógrafos como Milton Santos y marginó a otros muchos, ni siquiera la estrecha vinculación de la Associaçâo de Géografos Brasileiros (AGB) con el proyecto político-territorial de las élites ilustradas paulistas de los años treinta, como ha estudiado P.B. Zusman (1997).

Pese a ello, las Universidades nunca descuidaron el debate y la discusión teórico-metodológica en la formación de los futuros geógrafos, sobre todo en los núcleos de investigadores con una formación marxista. Sólo hay que echar un vistazo a los planes de estudios y a los programas concretos de geografía de algunas Universidades (Brasilia, Federal de Río de Janeiro, Sâo Paulo) para comprender este extremo. El resultado inmediato de esta forma de concebir la geografía es la elevada presencia de geógrafos en cualquier estudio aplicado que aborde problemas con un referente espacial, pues no en vano la profesión de geógrafo está definida, regulada y reglamentada legalmente desde 1979-80 y equiparada a la de otros especialistas como los ingenieros y los arquitectos (CRAE). Por otro lado, el colectivo de geógrafos brasileños tiene en términos generales, aparte de recursos técnicos e instrumentales apropiados, una conciencia social, un nivel de compromiso y una formación política que para sí quisieran los colegas de países más desarrollados. Esto ha hecho posible que la propia AGB se haya transformado profundamente a partir de unos orígenes conceptuales y metodológicos de tipo regionalista que se debieron a la incorporación de geógrafos vidalianos franceses como profesores (P. Deffontaines, discípulo de Brunhes, y P. Monbeig, influido por Demangeon y De Martonne). Desde finales de la década de los años setenta conviven en ella no sólo geógrafos profesionales, investigadores universitarios y diversas tendencias geográficas, como el marxismo, el humanismo o el existencialismo, sino también estudiantes, profesores de enseñanzas medias y representantes de organizaciones socio-políticas, como el Movimiento de Lucha por la Tierra y el Movimiento de Lucha por la Vivienda (Monteiro, 1980; Zusman, 1997).

Por último cabe indicar que el sistema socio-económico en el que estamos englobados puede ser acusado de muchas cosas, pero en modo alguno de ingenuidad, puesto que conoce la esencia humana y sus puntos débiles a la perfección. ¿Y qué mejor que ganar para su causa a los geógrafos aplicados fomentando la vanidad y los emolumentos que se suman al salario mensual?. Cuántas veces no habremos escuchado a muchos de estos geógrafos docentes autocalificarse sin rubor como "profesionales" que están a las órdenes de quienes requieran sus servicios, sin plantearse en ningún momento el verdadero alcance de sus investigaciones, si se beneficia al conjunto de la sociedad con los resultados obtenidos o, incluso, la falacia que supone proclamar la neutralidad de la ciencia (Harvey, 1977). Es más, el investigador que se niega a interrogarse sobre las condiciones de su actividad profesional y sobre la utilización de su trabajo creyendo ceñirse a un estricto espíritu científico, objetivo y aséptico, adopta en realidad una actitud anticientífica (Politzer, 1985).

 
La utilidad social de la investigación geográfica
 
Como ya se ha comentado, la nueva situación política española surgida con la Constitución de 1978 creó un ambiente idóneo para el desarrollo de la geografía aplicada. A partir de este momento, acentuado por el ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, se dieron las condiciones necesarias para que los geógrafos pudieran intervenir de forma práctica y aplicar sus conocimientos en campos tan sugestivos como la ordenación del territorio, la planificación regional, el urbanismo y la gestión ambiental.

Esta flamante faceta práctica de la geografía se desenvuelve básicamente en tres horizontes de actividad: las consultoras privadas, el trabajo en los distintos niveles de la Administración (municipal, provincial, autonómico y nacional) y la aplicación de saberes geográficos que llevan a cabo los departamentos universitarios mediante subvenciones o contratos diversos. Los dos primeros, pese a su notable crecimiento durante los últimos años, siguen teniendo todavía una presencia muy modesta en la sociedad española, por lo que se puede afirmar que la mayor parte de la geografía aplicada que se realiza hoy en día se concentra en los centros universitarios. Por lo tanto, es obvio que el impacto más acusado sobre la sociedad por parte de las investigaciones realizadas procede de la Universidad, una institución que por sus orígenes y filosofía inherente debería cuestionarse continuamente muchos aspectos de su actividad como una fase ineludible del proceso científico. Al mismo tiempo, la geografía no puede caer en esa mentalidad utilitarista y economicista que algunos geógrafos tanto han criticado en otros profesionales que de alguna manera también intervienen sobre el territorio (ingenieros, arquitectos, economistas, abogados), ya que nuestra disciplina, esencialmente social y humana, no debe perder jamás la perspectiva del hombre y de los colectivos sociales y que sus investigaciones estén al servicio del conjunto de los ciudadanos y no sólo de unos pocos grupos privilegiados, tal como invitaba a proceder J.B. Racine en 1977.

Es evidente que el geógrafo privado ejerce una profesión liberal y actuará como tal. La ética y el compromiso que pueda tener depende sólo de su conciencia, aunque si la formación recibida en la Universidad fuera más rica en teoría social y fomentara valores como el compromiso, la crítica, la autocrítica, la responsabilidad y la independencia, la situación podría ser bien distinta. Pero me temo que un geógrafo con estas características quizá estuviera condenado, aun en democracia, a quedar al margen del mercado laboral o del ejercicio práctico de su especialidad, es decir, como sucedía en el franquismo. A este respecto resulta esperanzadora la reciente iniciativa del Consejo Social de la Universidad de Alicante, que organizará en marzo de 1999 una mesa redonda sobre ética profesional con el objeto final de que esta cuestión se incluya en los planes de estudios de todas las titulaciones, previa remisión del informe correspondiente al Consejo de Universidades y posterior elevación al Consejo de Ministros si llega el caso.

Asimismo, resulta patente la dependencia que soportan los geógrafos que trabajan para la Administración; las directrices y signo político del contratante ejercen sobre ellos una influencia insalvable. Siempre estarán mediatizados por lo que se espera de sus investigaciones. La presión, lógicamente, ya no es como la de antaño, pero el contexto político mundial y nacional, la cultura predominante, el miedo al ridículo o a que se les tache de trasnochados, decimonónicos, utópicos o ingenuos, desembocan en algo peor que la propia censura: la autocensura. No obstante, este es un problema general que afecta hoy en día a todos los campos y no sólo a la geografía, pues cualquier investigador que se desvíe demasiado del pensamiento, teorías y métodos dominantes, aceptados por los grupos más influyentes de la comunidad científica, puede tener problemas hasta para publicar sus trabajos, según opinaba W. O. Hagstrom en 1965.

La adhesión acrítica y aséptica al estado de cosas actual y la autoimposición de limitaciones son inconcebibles en una institución como la Universidad, donde la mayor parte de los investigadores son funcionarios del Estado y no están obligados a rendir cuentas a ningún jefe de personal, ni a ningún consejo de administración o junta de accionistas. Al geógrafo universitario que aplica sus conocimientos de forma práctica no debería preocuparle lo más mínimo ir contracorriente y centrar sus esfuerzos en la búsqueda de una investigación útil que satisfaga las necesidades de los grupos sociales menos favorecidos, desentrañando en lo posible quién es el beneficiario último de los resultados obtenidos y quiénes pueden convertirse en usuarios de la ciencia realizada.

 
Los usuarios de la investigación geográfica: realidades y potencialidades

Aunque la confrontación entre los factores internos y los factores externos que afectan al desarrollo científico es tradicional (Blaug, 1976; MacLeod, 1977; Mulkay, 1977; Spiegel-Röesing, 1977; Stoddart y Granö, 1982; Capel, 1989), se debe indicar como punto de partida que la investigación científica y la sociedad no pueden existir de forma separada y aislada, componen un binomio indisoluble en el que cada una de ellas representa la sustancia de la otra, de manera que desde el momento en que la investigación tiene lugar en un marco social, expresa y transmite, por consiguiente, ideas y significados sociales. Por lo tanto, cualquier acción encaminada a su segregación es proceder contra su propia naturaleza. Incluso la propia geografía humana es necesariamente social, y no podría existir de otro modo, porque todas las actividades del hombre se realizan en grupo, según se desprende de los trabajos de A. Buttimer (1967) y de A. Luis (1983, 1984).

La utilidad social de la ciencia, en general, y de la geografía, en particular, radica en su capacidad para resolver problemas, pero ante esta afirmación es pertinente hacerse varias preguntas: ¿problemas de quién?, ¿quién los formula?, ¿qué papel representa el investigador en la definición de los mismos?, ¿cómo se establece la relación entre la investigación y los usuarios?.

En términos generales, los potenciales usuarios de la aplicación práctica de la geografía son las administraciones del Estado, las empresas o grupos empresariales y las organizaciones sociales de diverso signo. La posibilidad de realizar investigaciones útiles en España depende en gran medida de la capacidad de instituciones como la Universidad y varios centros de investigación públicos. Sin embargo, se observa que tanto la geografía universitaria como otros centros de investigación geográfica aplicada mantienen relaciones cada vez más fluidas con las empresas y con la Administración, mientras que la interacción con las diferentes organizaciones sociales existentes es prácticamente nula. Huelga recordar que la función social de la investigación no depende sólo de la relación que se establece con el Estado (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Gobiernos Autonómicos, Administración Central) o con las empresas y patronales, sino también con otros agentes sociales en cuya proximidad se perciben mejor los verdaderos problemas que preocupan a los ciudadanos. Es muy revelador el trabajo de M. Wynn y J.L. Taylor (1978) sobre las propuestas, decisiones y estrategias de los planificadores en el desarrollo urbano y cómo pueden participar en ellas los habitantes.

Para que la investigación geográfica aplicada fuera realmente efectiva y útil el geógrafo tendría que estar atento a las demandas de la sociedad y tejer con ella una profunda interrelación con el fin de estructurar grandes problemas, proponer soluciones y ejercer un compromiso real que intentara resolver los desequilibrios, injusticias y desigualdades existentes (Capel, 1998). Lo ideal sería que los agentes sociales identificaran un problema o, como señala M. Buxedas (1986), un "árbol" de problemas jerarquizados y relacionados. En esta selección también representa un papel fundamental el equipo de investigación, puesto que los agentes sociales sólo podrán optar si disponen de información suficiente. Los mismos investigadores constituyen además una fuente añadida de identificación de problemas.

Siguiendo este planteamiento, la geografía universitaria aplicada cumpliría una misión social de enorme valor si fuera capaz de desprenderse de la atadura que supone la dependencia de los fondos económicos procedentes de las empresas y de la Administración y organizar contactos permanentes con ciertos colectivos sociales, como las asociaciones de vecinos, los sindicatos, los grupos ecologistas, las cooperativas, los movimientos en favor de la mujer, las asociaciones que acogen inmigrantes o los colectivos de defensa de las minorías étnicas. La Universidad y los departamentos de geografía tienen infraestructura y capacidad suficiente para llevar a cabo iniciativas de este tipo. Por un lado, no sería ningún dislate que la propia institución universitaria contemplara con voluntad la creación de una serie de aulas populares y participativas, abiertas a toda clase de gentes, que sin duda servirían para que las capas más desfavorecidas de la sociedad no sólo tuvieran acceso a una formación que les ayudara a comprender mejor el mundo en el que viven, sino también a una plataforma desde la que hacer oir sus problemas y necesidades. Esto supondría una innovación revolucionaria para los tiempos que corren, pero en realidad seguiría el digno precedente de la Universidad Obrera de París durante la década de los años treinta y de su continuadora la Universidad Nueva.

Por lo que respecta a los departamentos geográficos, las relaciones con los menos favorecidos de la sociedad se presenta más fácil porque su menor tamaño les permite una mayor capacidad de maniobra en este terreno. A los departamentos, como órganos básicos de la entidad universitaria, y hasta cierto punto autónomos en su funcionamiento docente e investigador y para establecer actividades de colaboración con quienes deseen, nada les impide crear un sistema racional y desinteresado de relaciones con los grupos sociales mencionados que se vería facilitado por el carácter abierto, plural y polifacético de la geografía, pues resulta muy probable que las líneas de investigación cultivadas por sus miembros les haya llevado a contactar a lo largo de los años con multitud de personas y colectivos para recabar información. El primer paso consistiría en convencernos nosotros mismos de la utilidad de la iniciativa. Después habría que persuadir a estos agentes sociales de la necesidad de una colaboración estrecha con los investigadores con el fin de transmitirles una serie de problemas jerarquizados que ayudarán al geógrafo en la aplicación práctica de su saber y en el enriquecimiento de su visión de la realidad. El beneficio, por lo tanto, es mutuo, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas organizaciones de este tipo constituyen una fuente de primera magnitud para el quehacer geográfico. Así ha sucedido en mi caso particular con las asociaciones provinciales y comarcales que acogen inmigrantes o con algunos sindicatos agrarios de izquierda, pues su compromiso, vinculación y solidaridad con los grupos más desfavorecidos, así como su proximidad a los problemas diarios que surgen, les permite el conocimiento de una realidad que en principio resulta lejana, pero al mismo tiempo muy útil, para el geógrafo. Esta es una razón más para abogar por la necesidad de que exista una colaboración estrecha y eficaz entre la investigación geográfica y las organizaciones que representan a los colectivos menos privilegiados del conjunto social.

El papel de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) también podría ser significativo y enriquecedor en este sentido, siguiendo un poco el modelo de la Associaçâo de Géografos Brasileiros (AGB), pues en ella, como ya se ha mencionado, participan de forma activa diversos colectivos sociales y políticos que luchan por la tierra y la vivienda.

Sin embargo, iniciativas similares brillan por su ausencia en favor de otras relaciones más lucrativas y propiciadoras de la fama social y profesional. Así se observa, por citar sólo un ejemplo, en el caso concreto de Bilbao, ciudad que está inmersa en un profundo proceso de transformación social, económica y urbana que obliga a la planificación y ordenación global de todo el territorio de su área metropolitana.

Antes de seguir adelante es pertinente indicar aquí que la aglomeración bilbaína está sufriendo esas nuevas pautas de la economía mundial por las que las industrias tradicionales y contaminantes se deslocalizan hacia los países más atrasados con mano de obra barata, mientras que las de alta tecnología se conservan en los países desarrollados pero en regiones distintas a las anteriormente industrializadas. A las zonas fabriles en declive, como es el caso de Bilbao, sólo les queda la salida de una progresiva terciarización cuya capacidad para generar empleo es más bien escasa. Asimismo, la construcción de una ciudad de servicios implica la existencia de diferentes usos del suelo, ya que los antiguos terrenos ocupados por las instalaciones industriales albergarán ahora infraestructuras viarias, deportivas, recreativas, comerciales y culturales (v.gr. el Museo Guggenheim o el Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música). Todo ello, unido a la mejora ambiental y a la creación de abundantes zonas verdes, se vende como un desarrollo que beneficiará al conjunto de la población, cuando lo cierto es que en el modelo de ciudad que se proyecta no tendrán cabida miles de ciudadanos que hasta ahora habitaban en los populosos y degradados barrios obreros de la margen izquierda de la ría del Nervión. Estas personas difícilmente podrán ser "útiles" en la futura ciudad terciaria, pues una vez perdidos sus empleos con el desmantelamiento industrial, constituyen un obstáculo para el ingente negocio inmobiliario en ciernes. Sólo unos pocos privilegiados podrán afrontar los nuevos precios del suelo después de la revalorización que experimentará el mismo con las operaciones de transformación urbano-social.

Cabe pensar, por otro lado, que esta situación no puede evolucionar de otra manera si observamos el reparto del poder en el País Vasco y cuáles son los partidos políticos dominantes. Es muy probable que la adaptación de Bilbao a los imperativos económicos actuales fuera muy distinta si la gestión la llevara a cabo una opción política de verdadera izquierda, puesto que es un hecho real el tradicional gobierno conjunto del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Diputación Foral de Vizcaya, institución que está teniendo un papel muy activo en este proceso de metamorfosis urbana de Bilbao. Por el contrario, un ejemplo clásico de buena gestión municipal por parte de la izquierda lo constituye la ciudad italiana de Bolonia, pero quizá sea menos conocido el caso de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil), donde se lleva a cabo, desde hace diez años y bajo los mandatos de tres alcaldes sucesivos del Partido de los Trabajadores (PT), una experiencia que demuestra la viabilidad de gobernar para la mayoría desfavorecida. Esta experiencia, denominada Presupuesto Participativo, se basa en la construcción de una estructura de decisión que permite a todas las personas que lo deseen decidir acerca de su ciudad. Su eficaz funcionamiento está fuera de toda duda, sobre todo para los desposeídos, que han encontrado el medio de reorientar a su favor recursos públicos que iban tradicionalmente a los barrios acomodados. Con el paso del tiempo, la eficacia en el tratamiento de los principales problemas de la ciudad también ha implicado la participación de las clases medias, industriales y universitarios, en particular la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que es la más importante del Estado (Cassen, 1998).

Para el faraónico proyecto bilbaíno, que cambiará la vida de miles de ciudadanos, se han creado sociedades (Bilbao Ría 2000 y Bilbao Metrópoli-30) en las que participan los cuatro niveles de la Administración, bien directamente bien a través de Renfe, Iberdrola, Telefónica, Petronor, Mondragón Corporación Cooperativa, BilboGas, BBV, BBK, Sefanitro, Eroski, Babcock Wilcox o la Autoridad Portuaria de Bilbao. También están implicadas varias empresas constructoras y de servicios, la Sociedad de Estudios Vascos, Cáritas Diocesana y... ¡las Universidades de Deusto y del País Vasco!, pero nadie ha pedido la participación ni la opinión de las asociaciones de vecinos, los grupos ecologistas o los sindicatos, es decir, colectivos afectados directamente por el profundo cambio urbano, laboral, social y ambiental que va a tener lugar en Bilbao. Resulta palmario, entonces, que la Universidad constituye un núcleo de influencia cada vez más alejado de los problemas reales que afectan a la sociedad, participando activamente allí donde se deciden las estrategias de los grupos de poder.

El desconocimiento, o la omisión, de la dinámica, inmanencia y lógica del mundo capitalista, que es el mundo en el que vivimos y trabajamos, puede tener efectos negativos irreversibles sobre los espacios y sobre las personas, aun cuando el geógrafo que aplica sus conocimientos prácticos actúe de buena fe y crea perseguir objetivos justos. Por citar sólo un hecho, pocos geógrafos de los numerosos que trabajan en proyectos de desarrollo rural se plantean lo que verdaderamente hay detrás de la actual efervescencia ecológica, del desarrollo agropecuario sostenible, de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), de la Agenda 2000, de los célebres programas LEADER o incluso qué alianzas de intereses se traman para reorientar la economía de un país, o de una región, a costa de los intereses de la mayoría de sus habitantes.

A este respecto se debe tener en cuenta que la preocupación de la Unión Europea (UE) por la ecología, el medio y el desarrollo sostenible hubiera tardado en llegar si no fuera por el problema crónico de los excedentes y por los enormes gastos presupuestarios del FEOGA-Garantía. Detrás de esto también se esconde un intento claro de adaptar la PAC a la progresiva liberalización del comercio mundial y a las presiones internacionales (Estados Unidos y el grupo de Cairns, GATT, OMC). Resulta además significativo que tras el desmantelamiento del tejido industrial español y la contundente penetración del capital extranjero en nuestra industria agroalimentaria, ahora se intenta reducir el sector primario a la mínima expresión posible, de forma que España va camino de convertirse en un país de servicios dentro de esa división regional del trabajo que responde a la necesidad perentoria de acumulación y reproducción que tiene el capitalismo mundial. De ahí que desde los centros de decisión y gestión del territorio de la UE se fomenten actividades (turismo rural) que hacen que el campo pase de ser un factor de producción a un bien de consumo, ya que el capitalismo produce lugares de ocio que se venden, compran y consumen como una mercancía más (valor de cambio). Algún autor (Martín, 1996) ha llegado a manifestar que las enormes ayudas y subvenciones recibidas de los programas europeos (LEADER, FEDER, FSE, PRODER) no se destinan con prioridad al desarrollo agrario, a la cohesión social entre los países miembros o al equilibrio regional, sino a todo aquello que convierte un antiguo espacio productivo en un lugar para el ocio y recreo de los europeos más ricos (infraestructuras viarias y hoteleras, equipos e instalaciones deportivas, mejora ambiental, reforestación, conservación arquitectónica, etc.). Por su parte, la reciente Agenda 2000, que contiene los inmediatos proyectos económico-financieros de la UE, constituye un paso más hacia la privación del apoyo estructural necesario a la agricultura y hacia el fomento del medio rural como oferente de servicios ambientales y recreativos.

En definitiva, el investigador que no tenga en cuenta estos aspectos no cultivará una geografía con proyección social, sino con proyección hacia el mundo empresarial, financiero y político. Así nunca conseguirá el respeto y la consideración social que sin duda merece, aunque quizá ello no importe demasiado si se logra, por el contrario, el reconocimiento profesional por parte de los grupos de poder, que a fin de cuentas son los que proporcionan el sustento y los que disponen de mecanismos eficaces para ensalzar el prestigio de cualquier investigador. La lucha que se establece en el seno de las propias comunidades científicas por el prestigio, el poder, el reconocimiento y el dinero ha sido muy bien expuesta y analizada por R. K. Merton (1977)

A una geografía que no calibra el alcance de la aplicación de sus conclusiones, que sirve a los intereses de unos pocos y que con su actitud reproduce el statu quo, yo me atrevería a llamarla pragmática más que práctica. Buena prueba de ello la constituye la labor que realizan ciertos organismos, asociaciones y fundaciones con el fin de acercar la empresa y la Universidad o de transferir de la mejor manera posible los resultados de la investigación, iniciativas que suelen contar con el apoyo del Estado y de la UE. Como simple ejemplo baste señalar que un departamento concreto de geografía, que es la disciplina que nos interesa, de una Universidad española determinada consiguió durante el año 1996 casi 200 millones de pesetas. Más del 60% de estos ingresos procedía de empresas y fondos privados. Este hecho, que para los geógrafos implicados es motivo de orgullo y euforia, debería hacernos reflexionar sobre si es ésta la Universidad y la geografía aplicada que queremos desarrollar.

Pretender, por otro lado, que los tradicionales beneficiarios de los logros científicos, o sea, los dueños del capital, se preocupen de las demandas y necesidades del conjunto de la población o del provecho que la sociedad pueda conseguir de la ciencia es una entelequia sobre la que no es necesario insistir. Como dice tanta gente, la misión del empresario es obtener beneficios. Sin embargo, la motivación de la Universidad debería ser otra más acorde con los ideales que se le supone que alberga después de una larga tradición humanista. Es verdad que la interrelación empresa-Universidad no está demasiado desarrollada en nuestro país y que la investigación aplicada en la UE y España se encuentra todavía muy lejos de lo que es habitual en Japón y Estados Unidos, pero también resulta cierto que las tendencias que se observan en este mundo de predominante pensamiento neoliberal pueden poner en peligro tanto el capital humanista de la Universidad como el necesario y deseable equilibrio entre las investigaciones básica y aplicada.

Sin ir más lejos, en la sección de opinión del boletín "Noticias Geográficas" (nº 20, agosto 1998) de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) se dice que las Universidades están llamadas a representar un papel cada vez más activo en esos nuevos campos conocidos como desarrollo local y calidad territorial, y que estas líneas de investigación, eminentemente aplicadas, deben ir acompañadas de las formulaciones teóricas, conceptuales y metodológicas adecuadas para comprender el fenómeno e intervenir con eficacia en el territorio. Este interesante propósito se ve empañado porque de forma explícita deja bien sentado que la transferencia al territorio de las innovaciones y utilidades prácticas derivadas de la investigación universitaria se realiza a través de las empresas como entes clave del espacio, sin plantear en ningún momento las diferencias existentes entre las diversas opciones políticas o la posibilidad de una colaboración práctica de los investigadores con otros colectivos sociales que también viven y trabajan en el territorio. Incluso queda difuminado, y con bastante ambigüedad, sin precisar estrategias concretas, el planteamiento de que para intervenir con acierto en el desarrollo local es necesario el diálogo social, la participación ciudadana, el apoyo a los actores territoriales y a sus proyectos, escuchar a la gente o responder a los requerimientos sociales.

Al hilo de estas cuestiones, en un reciente informe de la poderosa patronal de los principales industriales europeos (ERT) se dice que la educación y la formación se consideran vitales para el éxito de la empresa, al mismo tiempo que lamenta la débil influencia que la industria ejerce sobre los programas de enseñanza, ya que según esta asociación los profesores suelen tener una comprensión insuficiente del mundo económico, de los negocios y de la noción de beneficio. Por ello, la industria y los centros docentes deberían trabajar juntos en el desarrollo de los programas de enseñanza, sobre todo fomentando un sistema de aprendizaje a distancia que adecúe la educación y la formación a las necesidades y exigencias de la industria. El papel de los poderes públicos se limitaría a la enseñanza de los que "nunca serán un mercado rentable" (De Sélys, 1998). Evidentemente, el contexto mundial en el que se inserta la Universidad española no invita en modo alguno al optimismo. Aquí, en este punto, aprovecho para reivindicar la acuciante necesidad que tiene actualmente la Universidad en nuestro país para llevar a efecto una profunda revolución intelectual que concierna a su estructura y a su modernización. No obstante, modernizarla no es dotarla de medios, imprescindibles por otro lado, sino preparar ciudadanos libres, reflexivos, críticos, comprometidos y solidarios.

Entiendo que el logro de estos valores intangibles es una tarea ardua y complicada porque el primer paso que cabría dar tiene mucho que ver con un cambio drástico de mentalidad por parte del profesorado, ya que éste último no sólo ha fracasado con frecuencia en su labor al transmitir más información que formación, sino que además se ve afectado por la fuerte expansión del conservadurismo entre el cuerpo docente y en las propias estructuras universitarias. Hace ya mucho tiempo que la Universidad dejó de ser la avanzadilla intelectual de la sociedad. Sólo hay que recordar su permanente pasividad ante fenómenos que merecerían un alzamiento individual o colectivo de su voz (v.gr. guerra del Golfo Pérsico, conflagración de los Balcanes, globalización económica, hambre y pésima distribución de los recursos disponibles, desigual reparto de la riqueza, creciente miseria de contingentes cada vez mayores de la población mundial, deterioro ambiental, enfrentamientos en Oriente Medio y Próximo, conflicto argelino, invasiones y bombardeos por parte de Estados Unidos, entre otros). En este sentido adquieren renovada actualidad las palabras de G. Wettstein (1989) cuando decía que los geógrafos deben aspirar a ser radicales evolutivos y no conservadores, extremo que puede extrapolarse a cualquier docente. Quizá fuera necesaria la existencia de un debate interno sincero, en el seno de las Universidades, que pusiera sobre la mesa la urgencia de un cambio de valores, criterios y actitudes que pudieran ser transmitidos de forma sistemática a los alumnos. Sin embargo, el poder de algunos miembros de las diferentes comunidades científicas españolas, que se refleja en una influencia decisiva sobre el futuro profesional de los estudiantes y jóvenes licenciados aspirantes a profesores, no permite ser demasiado optimista, como así demostraron en su día, con referencia a otros ámbitos culturales y territoriales, J.R. Cole y S. Cole (1973) y A. W. Gouldner (1973).

Volviendo al tema concreto de la geografía, nuestra ciencia no constituye un cliente prioritario para las empresas industriales o de cualquier otro tipo, cuyas demandas se inclinan más hacia las ramas técnicas y científicas, pero su participación en trabajos ligados al mundo empresarial y a la Administración es cada vez mayor, sobre todo a través del planeamiento urbano y de los estudios de impacto ambiental, actividades que no suelen tener precisamente como destinatarios a los colectivos menos dominantes de la sociedad. A veces, la conciencia del geógrafo queda tranquila cuando piensa que el resultado de su investigación revertirá en el bien común si es aplicado por la Administración, pues ésta se encuentra formada por los representantes de la voluntad popular. Esto es así en numerosas ocasiones, pero no debemos olvidar que muy a menudo los propios poderes públicos actúan como correa de transmisión de los intereses de las empresas más pujantes o de las confederaciones de empresarios. Es evidente que, tanto en España como en los demás países del mundo, las personas que ocupan los altos cargos de la Administración suelen reclutarse en la gran empresa privada, lugar en el que habitualmente recalan muchos políticos cuando abandonan la función pública. No faltan ejemplos al respecto en nuestro país. Por lo tanto, las principales instituciones de los Estados están impregnadas por los intereses de los conglomerados industriales y financieros más pujantes a través de cuadros directivos afines.

Un detalle que no deseo dejar de lado es el referente a los objetos de estudio geográficos, ya que el trabajo de campo, calificado de forma clásica como el sexto sentido del geógrafo, obliga necesariamente a entrar en contacto con multitud de personas y colectivos para recabar información. Estos sujetos colaboran lo mejor que saben y pueden contando sus experiencias en las entrevistas o respondiendo con paciencia a las preguntas de las encuestas. Al mismo tiempo, nos abren sus domicilios particulares, sus mentes y sus corazones con toda franqueza, incluso en ocasiones ponen en peligro su propia seguridad, como sucede por ejemplo con los inmigrantes ilegales. Lo lógico sería que los resultados de la investigación se transfirieran de forma directa y eficaz, sin intermediarios, a los objetos de estudio o a sus representantes. ¿Cómo se puede estudiar el fenómeno inmigratorio y utilizar la información que proporcionan los propios interesados sin hacerles luego partícipes de los resultados?. ¿Cómo es posible analizar la crisis agrícola de una zona y no trasvasar después los logros a los sindicatos agrarios que defienden al pequeño y mediano agricultor?. ¿Es normal realizar un planeamiento urbano sin conocer las necesidades y problemas de los propios habitantes afectados por el coste social del crecimiento y transformación de la ciudad?. ¿Es sensato llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en un municipio y que los vecinos desconozcan las conclusiones obtenidas?. A lo más que se suele llegar es a remitir un ejemplar del libro o de los artículos publicados, o nada si se trata de un informe inédito encargado por terceros.

Como ya se ha comentado anteriormente, una verdadera geografía aplicada debe intentar poner en marcha una estrecha interacción entre los geógrafos y los usuarios de la investigación, estableciendo un doble flujo de acciones y de intercambio de información en el que los agentes sociales plantearían una serie de problemas, así como sus necesidades y demandas, mientras que los investigadores añadirían estos problemas a los ya identificados por ellos previamente y harían partícipes a los usuarios de los resultados obtenidos al final de un proceso que puede desembocar en nuevas informaciones útiles. En este punto vale la pena recordar que estas cuestiones, tratadas con profusión en la revista geográfica francesa Hérodote durante la década de los años setenta, distan mucho de haber sido solucionadas por la geografía actual, tanto en España como en otros países del mundo.

Los mecanismos de transferencia de la investigación más viables no se centran sólo en las publicaciones, sino también en la organización periódica de seminarios, talleres, aulas populares y abiertas, cursos de capacitación o tareas de asesoría con aquellos colectivos que personifican en la actualidad varios fenómenos de indudable interés geográfico: agricultores familiares, habitantes rurales, de zonas desfavorecidas o de montaña, cooperativistas y miembros de asociaciones de productores, inmigrantes, minorías étnicas, asociaciones de vecinos de barrios marginales, habitantes periurbanos, jóvenes en paro o con empleos precarios, trabajadores industriales y del sector terciario, usuarios del transporte público urbano, vecinos de lugares con fuerte competencia por los usos del suelo, grupos ecologistas, entre otros muchos. A través de los instrumentos mencionados (seminarios, talleres, aulas abiertas, asesoría, capacitación, etc.), que pueden tener además una función formativa para grupos diversos de ciudadanos, los objetos de estudio tendrían acceso a los resultados y conclusiones de las investigaciones que ellos mismos han ayudado muchas veces a desarrollar, evitando así la intermediación de las empresas y de la Administración, ya que según demuestra la experiencia, en la mayoría de las sociedades capitalistas las iniciativas de tipo político, socio-económico, cultural y espacial no suelen orientarse en beneficio de la mayoría menos favorecida de la población.

Para concluir es interesante destacar que la participación social del geógrafo puede llevarse a efecto en otros terrenos poco o nada cultivados como una forma más de aproximación a los ciudadanos. Siempre me llamó la atención la nula presencia de geógrafos en los medios de comunicación de masas, escritos y audiovisuales, lo que contribuye aún más a alimentar y difundir la idea de que se trata de un colectivo demasiado conservador, autosuficiente, acomplejado y encerrado en su torre de marfil, que piensa y actúa para las élites. De vez en cuando aparece algún geógrafo en la prensa escrita, radios o televisiones locales, normalmente gracias a los contactos personales, para pontificar sobre su especialidad con un lenguaje bastante críptico, técnico e incluso gongoriano al que sólo pueden acceder los iniciados. Sin embargo, se echa en falta una mayor presencia pública de los geógrafos y la difusión de sus específicos puntos de vista sobre temas diversos, como vienen haciendo desde hace mucho tiempo los historiadores, economistas, sociólogos, juristas, ecólogos, ingenieros o arquitectos, sobre todo si consideramos que cualquier fenómeno o suceso suele albergar un referente espacial.

Si bien es cierto que muchos medios de comunicación constituyen un coto cerrado y se muestran herméticos para cualquier opinión que vaya contra la reproducción del statu quo, llama poderosamente la atención la escasa participación de los geógrafos en los foros de opinión, plataformas reivindicativas o simples manifiestos que impliquen una toma de postura pública, de manera especial si ésta es progresista. No obstante, algunas excepciones mantienen viva la esperanza y contribuyen a fomentar el debate sobre el amenazado futuro que la Humanidad tiene ante sí, fundamentalmente como consecuencia de diversos fenómenos que pueden hipotecar su futuro, es decir, degradación ambiental y desastres ecológicos, nuevas enfermedades infecciosas, crecimiento de la población, incremento de la explotación de los recursos, desigualdad social, desequilibrado e injusto reparto de la riqueza, tiranía del mercado, mercantilización de las necesidades, pérdida del sentido de la utopía, entre otros muchos.

Sería, por lo tanto, valioso para nuestra ciencia y para su predicamento social que el geógrafo estuviera más comprometido y utilizara estos medios con más frecuencia con el fin de divulgar sus opiniones sobre multitud de temas políticos, geoestratégicos, económicos, demográficos, laborales, culturales o ambientales que preocupan a la sociedad actual.

 
Conclusión

La enriquecedora y fecunda evolución gnoseológica de la geografía durante el último siglo no ha sido suficiente para solucionar los problemas inmanentes al propio pensamiento geográfico, ya que la alternancia de la preeminencia de los aspectos teóricos sobre los prácticos, o viceversa, ha actuado en ese sentido. Teoría y práctica son consustanciales a la naturaleza de la disciplina y cualquier desequilibrio entre ellas desvirtúa su carácter intrínseco. Sólo en los tiempos más recientes se produce la necesaria convergencia de las investigaciones geográficas básica y aplicada, pero esto es más apariencia que realidad porque lo cierto es que la geografía está caminando con pasos agigantados hacia sus concepciones más prácticas y margina cada vez más los aspectos teórico-metodológicos.

Esta situación resulta un tanto contradictoria porque hoy en día casi todos los geógrafos aspiran a la aplicación práctica de su saber cuando todavía la geografía no ha superado la ineludible fase de consolidación teórica. No cabe duda de que la falta de identificación, reconocimiento y desarrollo de la disciplina se debe en gran medida a la ausencia de una teoría geográfica, labor difícil de realizar pero no imposible, como así lo demuestra la economía. También llama la atención el progresivo encumbramiento de la geografía aplicada mientras que en la mayoría de los departamentos universitarios siguen teniendo una influencia vital los postulados de la escuela regional francesa, aunque a veces se enmascaren detrás de concepciones humanistas o fenomenológicas más modernas. Se exalta, por otro lado, la faceta aplicada de la geografía y se olvida la importancia fundamental que tienen el pensamiento abstracto, la renovación conceptual y los fundamentos teórico-metodológicos, que sin duda alguna también puede considerarse una aplicación de la ciencia (Capel, 1989), así como la formación de geógrafos críticos, concienciados y comprometidos, para realizar una geografía fiel a su esencia, es decir, próxima a las demandas y necesidades de la sociedad.

Por lo que se advierte en los últimos años, parece que la ausencia de los valores mencionados está convirtiendo la geografía aplicada española en una mera actividad productiva, pragmática y utilitarista, inserta en el mercado, que resuelve cuestiones a corto plazo y que le preocupa poco el alcance de sus investigaciones y quién se beneficia de ellas. Es cierto que los fondos económicos que financian la práctica geográfica suelen proceder de las empresas privadas o de la Administración pública mediante contratos o subvenciones. Sin embargo, el geógrafo debería ser conocedor del grado de sometimiento y dependencia, a veces inconsciente, que conllevan estas relaciones y procurar en la medida de lo posible que el trabajo realizado tenga utilidad social y no beneficie exclusivamente a las clases privilegiadas. Como señala Y. Lacoste (1976), es inevitable que los geógrafos tengan relaciones con el poder, quizá necesarias para que la geografía no sea sólo un discurso ideológico, pero estas relaciones no tienen que ser necesariamente serviles. Pueden ser contradictorias, y en algunos casos incluso antagónicas, lo que sería muy saludable. Aunque las relaciones de dominación-dependencia son consustanciales en este tipo de sociedades y, en última instancia, sólo podrían ser solucionadas mediante un cambio esencial en el sistema socio-económico global, también es cierto que el actual esquema ofrece muchas fisuras y resquicios, como así lo demuestra el ya mencionado Presupuesto Participativo en la ciudad brasileña de Porto Alegre, para intentar realizar una geografía más comprometida e independiente.

Una estrategia de enorme valor estaría dirigida a satisfacer las demandas de los colectivos sociales más desfavorecidos a través de la conformación de una red dinámica e interrelacionada entre los geógrafos y ciertos agentes sociales que no suelen estar representados en las grandes decisiones que atañen al espacio, incluso en las que afectan a sus propias vidas. El contacto permanente con estos grupos sociales propiciaría que el geógrafo supiera de primera mano cuáles son los principales problemas y necesidades que preocupan a los ciudadanos y que los usuarios de la investigación geográfica pudieran acceder directamente a los resultados obtenidos en la misma. En definitiva, se trata de que nuestra ciencia luche por insertarse en el tejido social de forma comprometida y que ponga su saber a disposición de los demás. Será la única forma de mejorar la geografía y de que mejoremos los geógrafos.
 

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