En el contexto del constitucionalismo contemporáneo, se presenta un desafío que confronta la libertad de expresión y el principio de inocencia, dos preceptos jurídicos fundamentales que funcionan en una dimensión tripartita: como principio, derecho y garantía. Se reconoce que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación cumple un rol esencial en el sistema democrático y control social, sin embargo, también pueden generar efectos colaterales en la configuración de opinión pública, lo que conlleva a la afectación de otros derechos fundamentales como la presunción de inocencia de personas investigadas, acusadas o procesadas, especialmente cuando se construyen narrativas mediáticas que anteceden al proceso judicial. Por esta razón es fundamental analizar las causas y las dinámicas de este fenómeno, así como su alcance y sus implicaciones. Por ello, se concluye que resulta imperativo establecer marcos normativos y mecanismos de control que protejan la independencia e imparcialidad judicial de influencias externas asegurando que las decisiones judiciales respondan a criterios fácticos, jurídicos y probatorios, y no a la incidencia o conmoción social.
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