Ciudadanía postnacional. Los derechos políticos de las minorías
- Autores: Clicerio Coello Garcés
- Directores de la Tesis: Eduardo Espín Templado (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Castilla-La Mancha ( España ) en 2016
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Pedro José González-Trevijano Sánchez (presid.), Francisco Javier Díaz Revorio (secret.), Pablo Lucas Murillo de la Cueva (voc.)
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- Tesis en acceso abierto en: RUIdeRA
- Resumen
INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar las problemáticas actuales del estatus de ciudadanía y del ejercicio de los derechos de participación política en el contexto de los Estados democráticos contemporáneos; ya que, los constantes cambios en la realidad social y la revalorización del ejercicio pleno de los derechos fundamentales, constituyen factores de relevancia para reflexionar si aún son sostenibles los fundamentos que excluyen de la toma de las decisiones públicas a un sector importante de la sociedad, y la necesidad de articular mejores alternativas para el ejercicio de los derechos de ciudadanía de determinados grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, se estima necesario plantear desde el Derecho Constitucional, si la condición de nacionalidad es hoy en día la única vía –necesaria y suficiente– para acceder a la ciudadanía y, por tanto, al ejercicio de los derechos políticos en un Estado democrático, en el que la conformación social no atiende a criterios de homogeneidad, lo que implica responder desde otra perspectiva la interrogante de ¿quiénes integran realmente el demos? Sin embargo, para realizar un estudio sobre las nuevas perspectivas de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos de participación política, resulta imprescindible analizar los planteamientos doctrinales de la soberanía a partir de la concepción del modelo estatal, así como la configuración del Estado nacional y los factores tanto internos como externos que intervienen en su evolución; pues el estatus de ciudadanía vinculado de manera inescindible a la nacionalidad, encuentra su fundamento en la edificación tradicional del Estado y en el principio de soberanía. Por otra parte, también analizamos las dimensiones del estatus de ciudadanía y sus problemáticas en el marco de la interdependencia estatal, el multiculturalismo y la universalidad de los derechos humanos, a efecto de sentar las bases doctrinales en las que se edifica la ciudadanía democrática post-nacional. Ya que en la actualidad, el multiculturalismo ha emergido como un factor que pone de relieve las concepciones tradicionales de la ciudadanía liberal. De manera que, posterior al desarrollo doctrinal sobre los aspectos medulares de la ciudadanía en el contexto de los sistemas constitucionales, en el presente trabajo se realiza un análisis de dos vertientes de los derechos de participación política de las minorías: a) los derechos políticos de los inmigrantes, y b) la eficacia del ejercicio de los derechos políticos de determinados grupos en condiciones de vulnerabilidad. Con el objeto de hacer notar la necesidad de que en los Estados democráticos se articulen mejores condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía. Sin lugar a dudas, la migración es el fenómeno más significativo del siglo XXI, propiciado por el desplazamiento constante de personas que buscan mejores alternativas de vida y desarrollo personal, lo que conlleva una serie de problemas desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos y de las alternativas de participación política en el sistema democrático, máxime si se toma en cuenta que en las sociedades multiculturales no existen, o en su caso, son mínimos los mecanismos constitucionales que motivan la contribución política de los inmigrantes en beneficio de la comunidad, reduciéndose así su participación en los ámbitos laboral, económico y cultural. Lo que, desde luego, plantea una serie de retos para los sistemas participativos incluyentes de los modelos democráticos. En ese sentido, recobra vigencia el estudio de la función del constitucionalismo para la integración política y social en las sociedades multiculturales, con el objeto de definir los nuevos aspectos que deben regir a una ciudadanía democrática emergente: la ciudadanía post-nacional. Porque los retos actuales de los Estados democráticos, como es el caso de los aspectos derivados de la migración, no deben tener como respuesta institucional la restricción de derechos, ya que se requiere, por una parte, de la articulación eficaz de los mecanismos para generar estabilidad constitucional, y por otra, del pleno ejercicio de los derechos y las libertades. Por ello, resulta de trascendencia analizar en la actualidad los factores que impiden ejercer a plenitud los derechos político electorales de determinados sectores de la población que se encuentran en condiciones de desventaja. Bajo esta perspectiva, se propone consolidar el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros, a partir de la residencia estable, así como, generar las mejores condiciones posibles para que las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan de manera eficaz los derechos de participación política en el Estado constitucional. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN Este trabajo tiene por objeto analizar los problemas actuales del estatus de ciudadanía y del ejercicio de los derechos de participación política, frente a los fenómenos de multiculturalidad, migración y reivindicación de derechos de las minorías. Pues, los constantes cambios en la realidad social y la revalorización del ejercicio pleno de los derechos fundamentales, en el ámbito internacional y nacional, constituyen factores de relevancia para reflexionar si aún son sostenibles los fundamentos que excluyen de la toma de las decisiones públicas a un sector importante de la sociedad, y la necesidad de generar mejores alternativas para el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Lo que implica responder desde otra perspectiva la interrogante de ¿quiénes integran realmente el demos en un sistema democrático plural? Para responder a esta interrogante, se estima necesario plantear desde el Derecho Constitucional, si la condición de nacionalidad es hoy en día la única vía –necesaria y suficiente– para acceder a la ciudadanía y, por tanto, al ejercicio de los derechos políticos en Estados multiculturales; en los que la conformación social no atiende a criterios de homogeneidad, sino de pluriculturalidad. Para ello, en el trabajo de investigación se abordan las concepciones jurídicas y las problemáticas relacionadas con la definición de la ciudadanía postnacional. Para ello, se exponen las principales referencias doctrinales de los conceptos de soberanía y nacionalidad, y sus repercusiones en los derechos políticos y en el multiculturalismo, así como un análisis comparativo de casos jurisdiccionales, particularmente de aquellos que han configurado el derecho de participación política de las minorías, con lo cual, se pone de relieve como el constitucionalismo contemporáneo es receptor de las múltiples interacciones y transformaciones de estos conceptos. En el capítulo I, denominado La cuestión del estado nacional, se formula el planteamiento del Estado nación como una forma de organización política de transformación continua, en razón de los diversos factores que le impone cada situación histórica. En este sentido, se hace una revisión de los modelos explicativos de ambos conceptos; por lo que, este apartado sienta los fundamentos teóricos-metodológicos del estudio del Estado. Por otra parte, se exponen los diversos factores internos y externos que alteran la noción tradicional del Estado nacional, haciendo particular referencia al proceso de mundialización y de los movimientos reivindicatorios de derechos y de descentralización. El capítulo II, intitulado El estado postmoderno: la doctrina del principio de soberanía y su controversia plantea que la redefinición de la concepción tradicional del Estado-nación tiene repercusiones en el ámbito del poder soberano. De esta forma, se desarrollan las formulaciones de los principales doctrinarios de la soberanía, para verificar si sus postulados se encuentran en crisis. Para ello se recurre a la utilización de antinomias, que permitan advertir los puntos de tensión de la soberanía (externa e interna) con múltiples fenómenos y factores, tales como el orden jurídico internacional, el derecho interno, la universalidad de los derechos, el pluralismo normativo, el orden económico y el factor de la mundialización, así como la seguridad global. En este apartado, se señala que no obstante las posibles controversias al principio de soberanía, es importante destacar que la noción de poder supremo es consustancial al Estado, por lo que la soberanía continúa siendo el elemento vertebral de la organización política, sin que ello signifique que está ausente de la evolución estatal en el nuevo contexto del orden mundial. En el capítulo III, que lleva por título Dimensiones actuales del principio de soberanía en el estado constitucional. El factor procedimental de la participación política, se presentan y analizan las diversas manifestaciones del poder soberano en el constitucionalismo contemporáneo. En particular, porque en las constituciones de los Estados democráticos de la actualidad se reconoce, por una parte a la “soberanía del pueblo”, y a la vez se afirma la prevalencia de la “supremacía del orden constitucional”. De esta forma, se aborda el marco constitucional de dos sistemas jurídicos en los que se instituye el principio de soberanía y, que a su vez, reconocen la supremacía del orden constitucional, como es el caso de España y México. Para ello, se estudian las cláusulas de apertura contenidas en los órdenes constitucionales referidos. El capítulo IV, sobre las Nuevas perspectivas de la ciudadanía postnacional, se funda en dos presupuestos: primero, que la ciudadanía ha permitido la participación democrática, la concreción de la “soberanía del pueblo” –su articulación en la realidad, a través de la representatividad política– y la legitimación de los órganos del poder; y, que ha estado condicionada a una serie de requisitos legales, que han ido variando históricamente. En este sentido, los Estados –occidentales, principalmente– han asumido diversos criterios de inscripción, cuya descripción y análisis se realiza en este capítulo, con la finalidad de revisar los fundamentos de la ciudadanía en el Estado y constatar que, en la actualidad, las sociedades multiculturales plantean diversos retos a los Estados contemporáneos, entre los que destaca por su relevancia constitucional, el pluralismo y la integración política y social en el modelo democrático, en el cual, la ciudadanía juega un papel destacado. Los temas abordados en el capítulo V, Los derechos políticos de los inmigrantes, ponen de relieve como el estatus de ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos no permanecen incólumes frente a fenómenos de la realidad fáctica, como la migración. Además, otro factor que se agrega a este análisis, es el multiculturalismo, que ha propuesto otros derechos propios de las minorías étnicas externas, toda vez que, siendo estos grupos de migrantes que se han instalado permanentemente en un Estado distinto del propio, con una identidad cultural y prácticas consuetudinarias distintas, requieren que el orden constitucional, reconozca y garantice su pleno desarrollo. En este apartado se parte del supuesto que para el acceso a la nacionalidad o a la ciudadanía, en ocasiones se han establecido requisitos que tienen por objeto hacer prevalecer a la cultura dominante, bajo la visión homogenizadora del Estado nación, tales como la exigencia del dominio de un lenguaje y el conocimiento de la historia y de los acontecimientos propios del Estado receptor, así como de sus instituciones. Por lo que, el reconocimiento constitucional de los derechos políticos de los inmigrantes, en el contexto de los Estados democráticos contemporáneos, exige el planteamiento de una nueva ciudadanía postnacional, basada en la teoría contemporánea de los derechos humanos, que propone como principio del orden político estatal la igual dignidad de todas las personas. Para arribar a este punto, en este capítulo se realiza un estudio comparado de los derechos políticos de los inmigrantes en los países europeos, agrupándolos según diversos criterios, como el de residencia estable e identidad cultural, así como un análisis de casos y sentencias judiciales, que han interpretado estos derechos, particularmente, las que ha emitido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, se hace referencia a otras experiencias, como las que aportan los Estados Unidos y Uruguay, principalmente. En este apartado se hace un recorrido teórico, desde el Derecho Constitucional comparado, de los derechos políticos de los inmigrantes en los sistemas democráticos actuales. Estableciéndose como propuesta esencial que los derechos políticos de los inmigrantes deben tener como presupuesto la residencia estable, con la posibilidad de participar en los asuntos públicos municipales. Finalmente, en el capítulo VI, denominado Los derechos políticos de los nacionales en condiciones de vulnerabilidad, se presenta un análisis focalizado de casos en los que los derechos políticos han adquirido una configuración constitucional más abierta y receptiva de los agentes y factores que interactúan en los Estados democráticos de la actualidad. Entre éstos destacan, los expatriados y los indígenas, entendidos como minorías nacionales; las mujeres, cuyos derechos políticos han recobrado un especial auge en el ámbito del derecho internacional y nacional; y los derechos políticos de las personas sometidas a proceso penal, en particular, sobre la suspensión o conservación de dichos derechos. CONCLUSIÓN Este trabajo de investigación plantea que el proceso de construcción de la institución del Estado ha sido orientado por criterios de concentración y exclusión, a partir de un elemento vertebral: la identidad y pertenencia a la nación; con la finalidad de afianzar los vínculos entre los integrantes de una sociedad determinada. En el ámbito de los derechos políticos, esto ha propiciado que la ciudadanía se sustente en la nacionalidad del individuo. Sin embargo, las sociedades actuales tienen una composición heterogénea y pluricultural, en la que ciertos fenómenos, como la migración, se han acentuado en el contexto de la mundialización; de esta forma, la concepción de un demos uniforme y estable, no es acorde con la emergente realidad contextual, por múltiples factores. En principio, la soberanía como concepto inherente al Estado, en tanto, poder supremo estatal y ente de regulación jurídica, despliega su eficacia bajo otras condiciones, en el que la protección de los derechos fundamentales y las nuevas formas de participación política de los integrantes de la sociedad juegan un papel preponderante. En esta tesitura, la soberanía popular asume un carácter procedimental que se concreta a través del ejercicio de los derechos políticos de los integrantes del demos. Así, se advierte que el replanteamiento de la concepción de la ciudadanía se debe a los siguientes factores: i) El desplazamiento del estatus de ciudadano a entidades supraestatales derivado de la interdependencia y los fenómenos de integración regional; ii) La composición de Estados multiculturales por la creciente inmigración de ciudadanos de naciones y culturas diversas que buscan mejores opciones de vida; iii) La reivindicación del ejercicio de derechos políticos de minorías específicas, y iv) El reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito internacional y su protección jurisdiccional supranacional. En este sentido, se sostiene que el constitucionalismo contemporáneo ha contribuido en el diseño de un sistema democrático que concilia la pluriculturalidad de las sociedades actuales, a través del reconocimiento y la tutela de los derechos de participación política de las minorías. La evolución del modelo constitucional, que alberga a la democracia desde una perspectiva plural y multicultural, proporciona los medios para la construcción de una democracia postmoderna y, por tanto, la redefinición de la concepción tradicional de ciudadanía. El motor del cambio es vincular a la ciudadanía la condición de residencia estable, y superar la visión nacionalista homogénea de la concepción de ciudadano. El acceso de los inmigrantes con “residencia estable” a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos de participación política, funda un nuevo modelo de ciudadano, que debe coexistir con el estatus que gozan los nacionales, que son naturalmente ciudadanos. De tal suerte, que estaríamos ante dos formas de acceder a la ciudadanía: por la condición de nacimiento (en el que se incluye no solo el ius soli, sino también el ius sanguinis) y por el factor de “residencia estable”; sin que estas categorías operen como excluyentes, sino por el contrario, como dos dimensiones que se requieren entre sí para la concreción de una ciudadanía democrática y plural. Al considerar a la “residencia estable” como condición predominante para el acceso a la ciudadanía de los no nacionales y, por tanto, como base del reconocimiento de los derechos de participación política de los inmigrantes, habría que delimitar: 1) la temporalidad mínima de residencia, que oscila entre 3 y 5 años; 2) la situación regular del inmigrante en el Estado receptor, y 3) los ámbitos en los que se ejercen los derechos políticos, siendo el ámbito municipal el que encuentra una justificación más sólida para la incorporación de los inmigrantes a la toma de decisiones en los asuntos públicos de la comunidad en la que habitan, ya que su cercanía con el contexto y su interacción permanente con el núcleo social, conlleva la necesidad de determinar cauces eficaces de participación. Siendo el municipio la instancia de representación y gobierno más próxima a la ciudadanía y vinculada a los asuntos de la vida cotidiana. La participación política de los inmigrantes en el espacio local representaría una serie de ventajas, entre las cuales consideramos las siguientes: 1) La revalorización del inmigrante con residencia estable en el ámbito local, contribuye a transformar los estereotipos socioculturales desde las células de la organización social de un Estado, integradas por los espacios municipales; 2) Su participación en la toma de decisiones sobre aspectos del orden local contribuye a generar condiciones de igualdad sustantiva que fomenta la equidad en la comunidad; 3) Su contribución a la solución de problemas locales fortalece el rol del inmigrante en el espacio municipal, como parte esencial del desarrollo social y del mejoramiento del nivel de vida, y 4) La igualdad entre individuos en el espacio local contribuye a su vez a la eficacia de las políticas de igualdad a nivel estatal o nacional. Por otra parte, en el trabajo se abordan aspectos problemáticos de los nacionales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio eficaz de sus derechos políticos en el propio Estado de origen. Respecto a este análisis, se concluye que la eficacia en el ejercicio de los derechos político electorales de las minorías, como es el caso de los expatriados, indígenas, mujeres y los imputados o procesados por la comisión de delitos, atendiendo a sus particularidades, implica en principio, el reconocimiento de sus diferencias y condición de vulnerabilidad de frente al estatus de ciudadanía. Lo que conlleva el establecimiento de instrumentos constitucionales de inclusión, así como el despliegue de acciones estatales para el ejercicio pleno de los derechos de participación política, a partir de sus propias condiciones. Finalmente, puede decirse que la consolidación del Estado constitucional, frente a sus retos, requiere de la demostración que este modelo es capaz de admitir y gestionar las tensiones causadas por la migración y la diversidad cultural, y a su vez, generar la estabilidad del sistema constitucional. Para ello, cuenta con los instrumentos que el propio modelo le ha proporcionado, como son el afianzamiento de la igualdad en todas sus vertientes y del pluralismo in genere, en el que el valor pluralismo político recobra particular relevancia. Así, a manera de línea conclusiva, en el presente trabajo se propone consolidar el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros, a partir del criterio de residencia estable, así como, generar las mejores condiciones posibles para que las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan de manera eficaz los derechos de participación política en el Estado democrático constitucional. 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