Resumen de Los Centros de Atención Temporal de extranjeros como nuevo modelo de control migratorio: situación actual, (des)regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías
- español
En los últimos años, con el incremento de rescates y llegadas a costas europeas por vías marítimas de personas migrantes se ha producido un cambio en el modelo de contención. En el caso concreto del Estado español, si anteriormente eran los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) los dispositivos para la gestión de las llegadas y derivación hacia otros procedimientos de extranjería, en la actualidad, siguiendo la lógica humanitaria-gerencial del control de fronteras, se han creado de facto los denominados Centros de Atención Temporal de Extranjeros o CATE. Se trata de edificios o recintos vallados en zonas portuarias donde se mantiene detenidas a las personas durante un máximo de 72 horas para proceder a su reseña policial y atención humanitaria. En este artículo se argu mentará que la ausencia de una regulación legal de estos centros, además de añadir inseguridad jurídica a las actuaciones del personal de la Administración pública, dificulta el reconocimiento derechos fundamentales de las personas en ellos recluidas y omite mecanismos de control imprescindibles propios de una sociedad democrática.
- English
In recent years, due to the increase of rescues and coastal arrivals of migrants there has been a change in the containment model. If previously it were the Foreigners´ Detention Centres (or CIE) or the Immigrants´ Temporary Stay Centres (or CETI) the ordinary devices for managing arrivals and referral to other immigration procedures, at present, following the humanitarian-managerial logic of border control, the so-called Foreigners´ Temporary Stay Centres have been created de facto. These are fenced buildings or seals in port areas where people are kept for a maximum of 72 hours to proceed to their police proceedings. This article will argue that the absence of a legal regulation of these centers, in addition to adding legal insecurity to the actions of public administration personnel, makes it difficult to recognize fundamental rights of the people detained and omits control mechanisms essential in any democratic society.
