El tema es la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación mexicana el 18 de junio de 2008, mediante la cual se instaura en México el sistema procesal penal acusatorio y oral, que empezó a regir en todo el país a partir del 18 de junio de 2016. Se aborda cada uno de los artículos constitucionales reformados haciendo énfasis en la protección de los derechos humanos, tanto de la persona imputada de un delito como de las víctimas u ofendidos por el delito.
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