Los veinticinco años de vigencia de la Constitución de 1978 han supuesto una transformación profunda de la Justicia española. Aunque el avance registrado ha sido espectacular tanto en la dotación de medios, como en el nivel de independencia que han alcanzado los jueces, se hace necesaria la elaboración de una auténtica política de Justicia que haga frente a los nuevos retos que plantea la sociedad española.
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