Resumen de Estudio histórico-jurídico de la causa contra Francisco Ferrer Guardia, instruida y fallada por la jurisdicción de guerra (1909)
En agosto de 1909 era imputado en la Causa por el delito de rebelión militar, el propietario de la Editorial Publicaciones de la Escuela Moderna de Barcelona, Francisco Ferrer Guardia, como uno de los instigadores de los sucesos ocurridos durante los días 26 al 31 de julio ("Semana Trágica de Barcelona"). La injerencia del Ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva Peñafiel, y la presión policial ejercida bajo sus órdenes ante la Jurisdicción militar, determina la separación de Ferrer del resto de los procesados en el mismo procedimiento, y la creación ex profeso de una irregular pieza separada, denominada Causa contra Francisco Ferrer Guardia: una instrucción errática, atropellada, tendenciosa, sesgada, maximizadora de las diligencias con resultados desfavorables al reo, en la que son fabricadas diligencias sumariales incriminatorias y en la que se incluye documentación falsa; un consejo de guerra al que no se presenta prueba alguna, y que concluye con el fusilamiento del reo.
El detenido análisis de los dos procedimientos muestra que no existieron manifiestos que el condenado elaborara y cuya firma solicitara por las calles de Barcelona, no capitaneó turbas, ni estuvo al frente de partidas, ni financió los sucesos de la Semana Trágica, ni fue un provechoso beneficiario bursátil de esta tragedia social. Tampoco distribuyó armas ni dinamita entre los sediciosos, ni incendió conventos. No fue jefe de ninguna rebelión militar. No obstante, sí existe una estrecha e incontrovertible vinculación entre Francisco Ferrer Guardia y la Semana Trágica: el de Alella fue la última víctima de los dramáticos sucesos de los últimos días de julio de 1909. ¿Y los verdugos? Las presiones políticas y policiales, -ejercidas desde el Ministerio de la Gobernación sobre la Autoridad judicial militar-, produjeron estas dos consecuencias: la eliminación física y la destrucción patrimonial del reo. El capitán general de la 4ª Región, Luis de Santiago Manescau, y el auditor general de Guerra de Cataluña, Ramón Pastor, que dirigieron el procedimiento, e hicieron ejecutoria la sentencia, fueron autores de un delito consumado de prevaricación con el resultado de muerte. Juan de la Cierva Peñafiel, ministro de la Gobernación al tiempo en el que eran instruidos y enjuiciados los hechos, fue inductor de un delito consumado de prevaricación.
