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El lanzamiento de vivienda como proceso de ejecución con todas las garantías

  • Autores: Miguel Angel Ruiz Albert
  • Directores de la Tesis: Manuel Miguel Gómez del Castillo y Gómez (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Huelva ( España ) en 2012
  • Idioma: español
  • Número de páginas: 1229
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel Peláez del Rosal (presid.), Jesús Sáez González (secret.), Juan Burgos Ladrón de Guevara (voc.)
  • Materias:
  • Enlaces
  • Dialnet Métricas: 1 Cita
  • Resumen
    • español

      En el proceso de desalojo de vivienda (lanzamiento) concurren derechos fundamentales del demandante-ejecutante (por ejemplo, el de propiedad o el derecho a la ejecución forzosa de la sentencia en plazo razonable) y del demandado (como aquellos que protegen su integridad física y su vida privada y familiar). Analizamos si corresponde a los tribunales, desarrollando procesos de ejecución, garantizar, empleando juicios de proporcionalidad, la eficacia de todos los derechos en presencia o s~ por el contrario, deben entregar la vivienda sin importar las consecuencias que esto ocasione a los ocupantes, dejando a otros poderes del Estado la responsabilidad de evitar que los derechos del acusado sean socavados. Concluimos que solo la primera opción permite calificar al lanzamiento como proceso debido, derecho humano y fundamental, y evita calificar la acción emprendida como desalojo forzoso, proscrito por el Derecho Internacional de los derechos humanos, la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    • English

      In the process of eviction from house are involved applicant's fundamental rights (as the right to property and the right to enforcement within a reasonable time of judgments) and fundamental rights of the defendant (those which protect certain vital conditions as physical integrity or privacy, for example, and, of course, housing rights). The key issue is whether it is for the courts to develop judicial processes to give effect to all rights in presence (through proportionality analysis) or, conversely, whether the court should simply hand the property to the plaintiff, whatever the consequences for the occupants evicted, leaving to other branches of government the responsibility to avoid the defendant�s rights from being undermined. Only the first option constitutes a due process as a human and fundamental right that, simultaneously, avoid the forced eviction forbidden by the international human rights Law, the Spanish Constitution and the Civil Procedure Law.


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