Resumen de La toma de decisiones en política criminal: bases para un análisis multidisciplinar
Esta tesis doctoral realiza un profundo análisis del proceso de toma de decisiones legislativas, especialmente de carácter penal, desde una perspectiva multidisciplinar, integrando las aportaciones de tres disciplinas cuya evolución es de gran interés para la política criminal, a saber, la teoría de la organización, la ciencia de la administración y el análisis de políticas públicas. Junto a ello, en el trabajo se lleva a cabo un profundo estudio descriptivo de las fases prelegislativa y legislativa, y ello no sólo desde la perspectiva española, sino incluyendo información sistemática y contextualizada de la elaboración de normas en las fases gubernamental y parlamentaria en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido.
Seguidamente, la tesis explica los últimos avances en lo relativo al perfeccionamiento de un modelo de racionalidad que ayude a la adopción de decisiones legislativas penales. El modelo asumido, concretamente, utiliza una serie de niveles a través de los cuales se puede evaluar la decisión político-criminal desde una perspectiva ética, teleológica, pragmática, jurídico-formal y lingüística.
Finalmente, el último capítulo de este trabajo pretende sentar las bases de un nuevo modelo de toma de decisiones en materia político-criminal. Con tal objetivo, y tomando como punto de referencia el proceso real existente en la actualidad para adoptar decisiones político-criminales, se propone la que pretende ser una nueva perpectiva en el desarrollo de dicho proceso. Dicha propuesta integra las interesantes aportaciones de las materias estudiadas al principio de la tesis doctoral, una serie de reformas, a nuestro juicio indispensables, derivadas del análisis comparado y, finalmente, el correcto acomodo de los planteamientos en materia de racionalidad en la toma de decisiones a un proceso profundamente interdisciplinar. En definitiva, esta tesis doctoral pretende contribuir a un cambio necesario en la mentalidad del legislador y los operadores jurídicos, proponiendo un modelo capaz de integrar los avances que en numerosos ámbitos se están produciendo y que están en una posición adecuada para contribuir a la creación de una política criminal racional, sustentada en el conocimiento científico, evaluable y, por tanto, capaz de asumir la mejora continua que las complejas sociedades del siglo XXI necesitan.
