La Comisión de la Verdad en la trayectoria de la justicia transicional en Brasil

• Autores: Anna Mariani Carneiro Leão
• Localización: Revista Derecho del Estado, ISSN 0122-9893, ISSN-e 2346-2051, Nº. 30, 2013, págs. 55-92
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Brazilian Truth Commission and Transional Justice in Brazil
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• Resumen
  • español

    En 2011, veintisiete años luego del final de la dictadura militar en Brasil, una ley, aprobada con amplia mayoría en el Congreso, creó la Comisión Nacional de la Verdad. Sin carácter jurisdiccional, la Comisión tiene el mandato de aclarar, en dos años, las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, incluso si se produjeron en el extranjero.

    Al mismo tiempo sigue vigente una Ley de Amnistía anterior, de 1979, que, en su momento, resultó de un delicado acuerdo político entre el gobierno y la oposición. Dicha ley fue esencial para la transición pacífica del país a la democracia pero sus términos, hoy en contravía de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, no permiten que los responsables por las violaciones sean juzgados y condenados. En su trayectoria de justicia transicional, Brasil solo aplicó el principio de la reparación y ahora camina hacia el principio de la verdad. Pero sigue legalmente impedido de aplicar la justicia. Cabe preguntarse cuál será la reacción de la sociedad brasileña ante las verdades aclaradas y el impacto que esa reacción pueda generar en la trayectoria de la justicia de transición brasileña: ¿indiferencia o cambios radicales?

  • English

    Twenty-seven years after the end of the military rule (1964-1985), the Brazilian Congress passed legislation that established the Brazilian Truth Commission. With no judicial power, the Commission�s mandate is to investigate details of the circumstances under which serious human rights crimes were committed during military rule in Brazil. However, contrary to the current developments of the International Human Rights Law, a Brazilian Amnesty Law, enacted in 1979 as a result of a delicate political compromise between government and opposition to end the military rule, forbids that �political� crimes committed at that time be investigated and taken to Court. Having implemented a complex reparation�s program that benefited a large number of victims and establishing the Truth Commission to help coming to terms with the past, it is not clear, when the Commission concludes its work, what may follow, because of failure to meet the justice requirement. That will very much depend on Brazilian society�s reaction to what will be revealed. Both indifference and outrage are possible outcomes.