El presente escrito pretende plantear la inquietud que genera el constante otorgamiento, en algunos casos total, de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades, que a la vez se traduce en el desplazamiento de la rama jurisdiccional para conocer de controversias que originariamente le estaban asignadas de forma exclusiva, política legislativa a la que se ha acudido con notoria frecuencia en los últimos años y que incluso puede parecer contraria al carácter excepcional con que se concibió la medida en nuestra estructura constitucional.
This article analyzes the assignment of judicial powers to the Superintendency of Corporations, and how they can be contrary to the Constitution and the principle of checks and balances.
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