El presente trabajo analiza las principales novedades introducidas en el proceso laboral de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas tras la promulgación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, que amplía considerablemente las competencias del orden laboral en esta materia para dar respuesta a las exigencias emanadas de la doctrina constitucional, lo que invita a reflexionar sobre aspectos clave de su configuración procesal tales como la competencia, la legitimación o la tutela cautelar.
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