En España, como en otros muchos países, el agua es un recurso escaso que se asigna ineficientemente. El Estado es su propietario y la asigna a precios políticos e inadecuados. Mientras que la agricultura absorbe dos tercios de este preciado bien, los hogares y la industria consumen sólo el 18 y el 13 % respectivamente. Este trabajo propone la creación de un mercado de derechos sobre el agua controlado por una agencia estatal, pues los costes de transacción son tan elevados que el resultado alcanzado a través de la negociación libre entre las partes no sería eficiente.
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