En el presente artículo se analiza la responsabilidad que le cabe al Estado cuando impone limitaciones a los inmuebles urbanos que terminan afectando el núcleo esencial del derecho de dominio al impedir el uso y el disfrute de los mismos, partiendo de la solución legal que se le ha dado al problema y que se encuentra contenida en el artículo 37 de la ley 9 de 1989. Como complemento de lo anterior, se estudia el mecanismo de las cesiones gratuitas para vías obligadas por ser ésta la principal estratagema utilizada por los municipios para tratar de evadir la responsabilidad derivada de las limitaciones que imponen al derecho de dominio.
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