El Derecho penal debe construirse sobre los principios de legalidad, culpabilidad e intervención mínima. Pero no hay que olvidar que el Derecho penal constituye una unidad con el Derecho procesal y de ejecución penal, y sólo bajo esta perspectiva puede llevarse a la práctica el sistema penal. Así, la actividad judicial, para conseguir una justicia penal válida a las exigencias sociales, debe basarse en unos principios compatibles con la defensa de los derechos humanos, y el juez, además de estar preparado humana y técnicamente, ha de ser independiente y someterse únicamente al imperio de la ley.
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