El Código penal de 1995 protege la garantía de los derechos fundamentales de la persona al tipificar en su Título XXI los delitos cometidos contra la Constitución. Cuando el ataque a las garantías constitucionales proviene de un funcionario público en el ejercicio de su cargo nos encontramos además ante una conducta arbitraria y abusiva del poder estatal. Así, tras explicar los rasgos comunes a estos delitos, se analiza cada figura en particular de las recogidas en los artículos 529-542 del Código penal.
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