Víctimas del terrorismo y su participación en la ejecución de la pena

• Carmen Salinero Alonso ^[1]
  1. [1] Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

     Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

     Gran Canaria, España

     
• Localización: Revista penal, ISSN 1138-9168, Nº 42, 2018, págs. 180-202
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen
  • español

    La aprobación de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas de terrorismo perfila, muy por encima, los derechos procesales que asisten a este tipo de víctimas. Estos se encuentran plasmados Y desarrollados en la Ley 4/2015 de Estatuto de la Víctima del delito que, yendo mucho más lejos de lo establecido en la Directiva 2012/29/UE de la que emana, establece el derecho de la víctima a la participación activa en el proceso penal, aún sin haberse personado formalmente como parte. En el ámbito de la ejecución penal la víctima, no solo deberá ser informada sobre las decisiones que supongan una progresión en el régimen del penado, sino que, además, podrá recurrir determinadas resoluciones —autos— dictadas por la autoridad judicial competente a favor de esta progresión. Todo ello, pone en entredicho los pilares en los que hasta ahora se ha basado nuestro sistema procesal penal y penitenciario, y es un ejemplo más de la nueva orientación político criminal que, enmarcada en el populismo punitivo, ha sido el eje conductor de las reformas penales de los últimos años.

  • English

    The approval of Law 29/201 1 of recognition and comprehensive protection of victims of terrorism only slightly outlines the procedural rights that assist this e type of victims. These rights are embodied and developed in Law 4/2015, of 27 April, on the standing of victims of crime. This Act goes much further than what is established by Directive 2012/29/EU, from which it emanates, establishing the right of the victim to an active participation in the criminal process, even without being a party of it. In the field of criminal enforcement, the victim must not only be informed about decisions that involve a progression in the prisoner's regime, but may also appeal certain resolutions issued by competent judicial authority in favor of this progression. All of this questions the pillars on which our criminal and penitentiary procedure has been based on. It also is another example of the new criminal political orientation that, framed in punitive populism, has been the driving force behind the legal reforms in Criminal Law in the recent years.