Francisco Castejón
El pacto de la energía
(Página Abierta, 209, julio-gosto de 2010).

Esta legislatura se ha caracterizado por una oposición destructiva del PP, que ha llegado a estar en contra de sus propios postulados ideológicos. El PP se ha negado a pactar en cualquier asunto propuesto por el PSOE, sea en economía o en educación. Salvo en un tema, el de la energía. Cuando se escriben estas líneas, el pacto aún no se ha materializado, pero es claro que lo hará, porque, según declaró el ministro de Industria, Miguel Sebastián, hay un gran interés en que así sea, interés refrendado por las principales empresas eléctricas de nuestro país.

Dan que pensar las reticencias del PP a pactar en otros temas pero no en éste. Así como también da que pensar que el PSOE se avenga a modificar su política energética, con claroscuros pero con el importante punto a favor de haber dado un buen empujón a las energías renovables.

El déficit de tarifa

Son varios los asuntos que las grandes empresas eléctricas, sobre todo Endesa e Iberdrola, querrían corregir de la política del Gobierno. Un importantísimo primer punto es la negociación del llamado déficit de tarifa. Éste aumenta cada día y está en la actualidad en casi 20.000 millones de euros. El déficit de tarifa es la diferencia entre lo que ingresan las eléctricas por la tarifa de la electricidad y lo que les correspondería cobrar según el funcionamiento del mercado eléctrico. Hay que decir, de paso, que menos del 25% de este déficit se puede atribuir a las primas otorgadas a las energías renovables, en contra de lo que pregonan los enemigos de estas energía limpias.

La mayor parte del déficit se genera porque los Gobiernos fijan la tarifa de la electricidad según criterios económicos, entre los que pesa el control de la inflación, sin tener en cuenta los costes de la electricidad. Esta tarifa, por cierto, ha bajado el 38,8% a precios constantes desde 1990 hasta 2008. Tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE han usado este recurso para mantener bajo control algunos precios y para favorecer el aumento del consumo.

Pero los precios de producción de la electricidad son también artificiales puesto que los fija un mercado en que las fuentes que aportan la electricidad se pagan todas al precio de la más cara que se necesite para cubrir la demanda, sea cual sea el coste de generación de cada fuente. Esto hace que prácticamente todas las fuentes se paguen siempre al precio del gas natural, que puede estar en torno a los 7 céntimos de euro por kilovatio/hora. No es de extrañar, entonces, que Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y al 50% por Endesa), la empresa propietaria de la central nuclear de Garoña (Burgos), se resista a cerrarla, puesto que el kilovatio/hora cuesta aproximadamente 1,5 céntimos, debido a que la central ya está amortizada gracias a los apoyos y subvenciones que ha recibido la energía nuclear a lo largo de su historia.

La forma en que el déficit se debe enjugar es, pues, uno de los temas clave en las negociaciones del pacto. Podría ser que finalmente se cargara a los Presupuestos Generales del Estado, lo que resultaría una subvención encubierta a los que más han consumido.

No hay líneas rojas

Otro asunto muy importante es el futuro de la energía nuclear en nuestro país. Y, ligado a él, el de la construcción del Almacén Transitorio Centralizado (ATC), el cementerio nuclear en superficie donde se han de depositar durante unos 60 años los residuos radiactivos de alta actividad de todas las nucleares españolas.

En la actualidad existe un consenso de que la red eléctrica española no admite nuevos reactores nucleares, dada la enorme potencia instalada, que supera los 90.000 megavatios. Tal es así, que España exporta electricidad desde 2004, y desde noviembre de 2009 exporta incluso a Francia. Sin embargo, los propietarios de las centrales nucleares sí querrían prolongar su vida útil lo más posible, dado el negocio que supone extender la vida de las nucleares con el actual mercado eléctrico.

Además, se necesita ir cambiando la opinión pública española, que todavía es antinuclear, para plantear la construcción de nuevos reactores dentro de una década. Tanto la prolongación de la vida de las nucleares como la hipotética construcción de nuevos reactores requiere de una forma de gestión, siquiera sea temporal, de los residuos radiactivos de alta actividad, que ya comienzan a llenar las piscinas que las nucleares tienen a este fin.

Los intentos de instalar el ATC en ocho pequeños y olvidados municipios de nuestro territorio han topado con la tenaz resistencia de sendas plataformas anti-ATC que han conseguido poner el debate nuclear en primer término señalando uno de los problemas graves de esta fuente de energía. El pacto PP-PSOE sobre este tema desbloquearía el proceso, puesto que ambos partidos compartirían la impopularidad que supone dar el paso de construir un cementerio nuclear centralizado en España.

Dado el pingüe negocio que supone para Nuclenor el funcionamiento de Garoña, no es extraño que sea la prolongación de la vida de esta central más allá de 2013 uno de los puntos principales del debate para el pacto. Como dijo el ministro, «no hay líneas rojas» en el pacto, todo se puede hablar. Nos encontramos con un Gobierno cada vez menos antinuclear, que parece olvidar de forma creciente sus señas de identidad con respecto a esta fuente de energía y pasa por alto los graves inconvenientes de las nucleares. Está claro, además, que las nucleares son intensivas en capital y que favorecen a un determinado sector empresarial español y extranjero cuyos intereses no coinciden, ni mucho menos, con los de los ciudadanos.

El freno a las renovables y el gas

En la actualidad, casi el 40% de la electricidad española procede de fuentes renovables, incluyendo entre éstas la gran hidráulica y la cogeneración. Por ley, las fuentes renovables entran en la red siempre que están disponibles. Significa esto que, cuando sopla mucho viento, hace sol y la demanda es baja, es necesario apagar otras centrales de producción de electricidad.

Dada la nula flexibilidad de las nucleares, cuyas maniobras de encendido y apagado cuestan casi un día entero, se procede a apagar las centrales más flexibles, es decir, las de gas de ciclo combinado. En varias ocasiones, la producción de energía eólica ha sido tan elevada que ha sido necesario desconectar unos 3.000 megavatios eólicos dada la imposibilidad de desconectar de forma rápida las centrales nucleares. Se puede decir que las nucleares pueden suponer un freno para el desarrollo de las renovables.

Finalmente, los propietarios de las centrales de gas se encuentran con que tienen menos oportunidades de amortizarlas. Puesto que las renovables están incentivadas por primas, lo primero que se discute es la reducción de estas primas, usando además el argumento falaz de que son estas fuentes las culpables del déficit de tarifa.

Contrastan los anuncios de recortes a las primas de las renovables en España con la reciente noticia de que Obama va a construir la mayor central solar del mundo y de que se la encargará a Abengoa, una empresa de capital español que ha crecido bajo las políticas de impulso de las renovables en nuestro país. Cuando se escriben estas líneas no se sabe aún cuál va a ser el resultado final de la negociación, pero casi con toda seguridad el recorte más fuerte lo sufrirá la energía solar fotovoltaica, que es la que menos valedores de peso tiene en esta negociación. El recorte podría ser incluso retroactivo, lo que es una aberración en derecho.

No olvidemos que las explotaciones fotovoltaicas son todas ellas pequeñas, de menos de 100 kilovatios, y que están explotadas por pequeñas empresas. Aunque sí que es necesario revisar las primas para fomentar más las instalaciones en tejado y desfavorecer las de suelo, los recortes que se barajan podían suponer un duro golpe al sector, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Otra cultura energética

Las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema energético y caminar a un “mix” no contaminante están fuera del pacto. Éstas pasarían, en primer lugar, por el abandono del sistema actual de mercado eléctrico y la vuelta a un sistema eléctrico planificado. Además, habría que hacer hincapié en la gestión de la demanda, intentando adecuarla a la curva de producción renovable, y por el aumento del ahorro y la eficiencia. Estas tres medidas requieren de un cambio global de mentalidad y de sistema productivo. Pero hay cosas que ya se pueden hacer, como por ejemplo reconducir la experiencia en construcción de nuestro país hacia la mejora energética de las viviendas y los edificios en general, lo que repercutiría en un importante ahorro para el país y para los ciudadanos.

Además, habría que prescindir del carbón y de las nucleares de forma paulatina y conseguir que, poco a poco, nuestra cesta energética sea más renovable. Aparece también en el horizonte el nuevo paradigma de la generación distribuida que consiste en conectar a la red un gran número de pequeñas y grandes centrales eléctricas que se ubiquen lo más cerca posible de donde se consume la electricidad, para ahorrar en el transporte. Las energías solar, eólica y geotérmica son clave en este esquema modular.

Es menester una fuerte inversión en investigación en estos temas, que permita a nuestro país seguir apostando por estas tecnologías. Ya se han dado pasos en este sentido, pero es necesario continuarlos. En especial, hay que avanzar en los sistemas de almacenamiento energético, que servirían para solventar la intermitencia de las renovables.