El concepto de laicidad abierta en el informe Bouchard-Taylor para Québec

• Autores: María Elósegui Itxaso
• Localización: Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, ISSN-e 1696-9669, Nº. 23, 2010
• Idioma: español
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• Resumen

  • El 8 de febrero de 2007, el Primer Ministro de Québec Jean Charest del Partido Liberal anunció la creación de una comisión de consulta sobre las �Prácticas de Acomodación� relacionadas con las diferencias culturales, en respuesta al descontento público en relación con los �acomodamientos razonables�. Dos intelectuales quebequeses de gran nombre, Gérard Bouchard, sociólogo e historiador, y el filósofo Charles Taylor, copresidieron la Comisión, que ha elaborado el informe titulado Fonder l´avenir: le temps de la conciliation, rapport final de la Commission de Consultation sur les Practiques d´Accommodements Reliées aux Différences Culturelles. El presente artículo analiza el concepto de laicidad abierta defendido en el informe como el modelo más adecuado para Québec frente a la laicidad rígida. Para Taylor la religión forma parte de la expresión de la propia identidad. Son aspectos que no se pueden separar, por tanto no se debe relegar la religiosidad a la vida privada. Esto último supondría en el fondo un atentado a la identidad de la persona, a su integridad moral. El documento realiza una crítica abierta del modelo laicista de Estado (laicismo rígido) porque esta postura no es neutral, sino que considera a la religión como algo negativo. Según los comisarios, la neutralidad del Estado supone que las instituciones públicas deben ser neutrales, pero ésto no implica que los ciudadanos en cuanto tales deban de prescindir de sus creencias en la vida pública porque en el modelo de la laicidad abierta la exigencia de neutralidad se dirige a las instituciones pero no a los individuos. En resumen, los individuos como ciudadanos y también como empleados públicos a título individual pueden usar símbolos religiosos como expresión de su identidad cultural o religiosa. Algunos funcionarios en cargos especialmente institucionales, como los jueces, deberían de autorestringir esa libertad en el uso de símbolos externos. Finalmente, las instituciones públicas no deben ser presididas con símbolos religiosos.