Resumen de La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social
La extensión de la cobertura sanitaria en España y la percepción de garantía y seguridad por parte de los ciudadanos en relación con los servicios sanitarios, factor importante de cohesión social, son dos grandes logros de la Seguridad Social en España. Al mismo tiempo, la compleja interrelación entre Sistema Nacional de Salud (SNS) y Seguridad Social ha imposibilitado, hasta ahora, la consecución de la universalización, que sigue siendo un reto para el sistema de protección social en España. La atención sanitaria en España en el año 2005 no está universalizada, aunque su utilización de facto sea universal en los centros públicos. Además, existen colectivos con prestaciones y condiciones de acceso diferentes a la prestación sanitaria. En consecuencia, la equidad, la eficiencia y la calidad en la prestación sanitaria pública se encuentran comprometidas y el SNS, como instrumento reconocido de solidaridad y cohesión social, en peligro. Al mismo tiempo, la consideración de la prestación como mínimo es confusa desde su regulación como un derecho de ciudadanía a su consideración como una prestación de la Seguridad Social. Se entiende, pues, como universalización, la extensión de la acción protectora sanitaria con un contenido homogéneo y con financiación pública para todos, tal como lo hace la Ley General de Sanidad de 1986 al diseñar en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos un sistema de aseguramiento público y único. Este es el planteamiento que hace este documento de trabajo y, por consiguiente, tras un análisis detallado de la situación de la cobertura sanitaria, propone los pasos y actuaciones necesarios para conseguirlo. La universalización de la atención sanitaria -dada la situación de hecho, con coberturas con financiación pública que alcanzan al 99,8% de los ciudadanos en el año 2005 y con el SNS responsable de la del 95%- es factible tanto legal como económicamente. El reto, por tanto, es fundamentalmente de naturaleza política y, dada la historia y la realidad actual de la protección social en España, correspondería a la Seguridad Social impulsar el desarrollo de aquellas medidas que culminen el proceso. La universalización de la atención sanitaria en España puede realizarse bien como prestación de ciudadanía, bien como prestación no contributiva de la Seguridad Social. El estudio presenta las condiciones para que cualquiera de las dos alternativas pueda ser adecuada, si bien se posiciona por el mantenimiento de la protección sanitaria dentro del esquema de Seguridad Social y la descentralización plena de su organización y gestión. En consecuencia, debería regularse la prestación sanitaria como una prestación universal de carácter no contributivo de la Seguridad Social, cuya organización y gestión está plenamente descentralizada en las Comunidades Autónomas. Puesto que en España se ha logrado una atención sanitaria universal en la práctica pero con una construcción pragmática de piezas añadidas, es hora de que con una voluntad política exigente se logre la universalización mediante una construcción jurídica, patrimonial y financiera coherente, de manera que el ciudadano sea un sujeto de iure de la atención sanitaria igual y homogénea, financiada con medios públicos. Y para llegar a una situación en que la cobertura sanitaria sea universal, es necesario dar una serie de pasos firmes, tales como: o Definir como titulares del derecho a la atención sanitaria pública a todos los ciudadanos españoles que integrarían un colectivo único, así como a los residentes y contribuyentes fiscales en España, en las mismas condiciones que los españoles, y a los transeúntes y residentes no contribuyentes amparados por los convenios internacionales. o Establecer el SNS como la institución garante de la cobertura sanitaria, común para todos los ciudadanos, y desligar radicalmente el derecho a la prestación sanitaria, prestación no contributiva, de las prestaciones contributivas a la Seguridad Social. La universalización de la atención sanitaria precisa, además, para ser plenamente efectiva, una nueva ordenación de las relaciones del SNS con la Seguridad Social, que incluya desde los temas patrimoniales a la salud laboral, como se plantea en el estudio, y una definición sobre el modelo de aseguramiento. Este estudio se posiciona por un modelo de aseguramiento público y único como planteaba la Ley General de Sanidad. La existencia de aseguramiento múltiple con financiación pública para colectivos concretos de ciudadanos se ha convertido, en la práctica, en la dificultad principal para proceder a la universalización en los años pasados; en el momento actual parece posible separar ambos procesos y se considera exigible una definición del modelo de aseguramiento para todos.
