La república española de 1931 promulgó una legislación dirigida a conceder a la población femenina la igualdad legal con la población masculina. Las mujeres españolas obtuvieron de la república ciertos derechos políticos, civiles y sociales pero no consiguieron la total equiparación legislativa. Importantes factores estructurales y coyunturales se opusieron al cambio y líderes feministas denunciaron que la república no había solucionado el que las mujeres ocupasen un estatus inferior al de los varones
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